La experiencia y la evidencia (una respuesta a Sebastián Edwards)

Claudia Sanhueza, Javiera Petersen, Diego Pardow, Nicolás Grau, Equipo Económico Gabriel Boric.

Sebastián Edwards en su última columna se refirió a algunas propuestas del programa socioeconómico de nuestro candidato, Gabriel Boric. Le agradecemos el tiempo dedicado; sin embargo, en nuestra opinión, construye su argumento asumiendo que ciertos parámetros de un puñado de países se repetirán en Chile, sin considerar diferencias estructurales y de diseño específicos de las políticas públicas.

Sobre “el impuesto al patrimonio”, la confusión de Edwards se debe a que las presentaciones en que basa sus conclusiones han sido de carácter general. Cuando nos referimos a “impuestos patrimoniales”, lo que proponemos es un paquete de medidas tributarias que gravan la riqueza de los más ricos, que incluyen un impuesto al patrimonio neto de personas de alto patrimonio residentes en Chile (0,1% más rico); modificaciones al actual impuesto territorial vía aumento de la sobretasa, y modificaciones al impuesto a las donaciones y herencias. Se considera también eliminar exenciones que no se justifican, en línea con lo recomendado por el comité de exenciones citado por Hacienda -en el que participó Claudia Sanhueza, integrante de nuestro comando y que también compartió con Edwards en el grupo de economistas que preparó sugerencias económicas para enfrentar la crisis sanitaria en 2020-, entre otras medidas en línea con las recomendaciones BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, en materia de exceso de endeudamiento y paraísos tributarios y recomendaciones de ese mismo organismo para tener un mecanismo eficiente de recaudación, que considere la movilidad de los activos y el uso de estructuras complejas en el exterior (fondos y trusts). Probablemente Edwards asume que nos referimos sólo al impuesto al patrimonio neto, que en nuestras estimaciones (muy conservadoras) debería recaudar 0,4%. Un valor similar al de Noruega, donde el 0,1% más rico tiene un patrimonio y un ingreso muy menor al observado en Chile. Contrario a la conclusión de Sebastián, nuestra propuesta contempla un conjunto de medidas que permitirían recaudar en torno a 1,5% del PIB.

También se refiere a la propuesta de pensiones. Aquí cae una vez más en la dicotomía instalada en el debate nacional entre reparto y AFP. Sin embargo, los diseños de pensiones son más complejos que eso. Cuando en el debate se critica la sostenibilidad de los sistemas de reparto, se hace referencia a sistemas de pensiones de beneficios definidos que pagan en función de la historia laboral, los que actuarialmente ajustan fondos a obligaciones y dejan todo el riesgo a cargo del Estado, que cubre los déficits. Esto no es lo mismo que tener elementos de reparto. El actual sistema, tiene un componente de reparto a través del Aporte Previsional Solidario (APS), pero nadie diría que es un sistema de reparto. Nuestra propuesta es de pensiones nocionales de contribución definida, que entrega beneficios en función de lo contribuido en cuentas individuales, actuarialmente ajusta los beneficios a los fondos disponibles y, por lo tanto, es sostenible. Aunque pone el riesgo en las personas, tiene elementos redistributivos entre generaciones y sexo, y una rentabilidad colectiva. A diferencia del sistema sueco original que se financia con ingresos fiscales, proponemos financiamiento mixto con la acumulación de activos reales (rentabilidad del ahorro) y crecimiento de las contribuciones (rentabilidad del crecimiento de los salarios). El segundo componente permite aumentar las pensiones actuales y con eso resolver los problemas de insuficiencia. Además, consideramos la universalidad en los beneficios.

En cuanto a si las contribuciones sociales son o no impuestos, De Gregorio y Repetto (2016) basados en Summers (1989) señalan que exigir a los empleadores contribuir al financiamiento de un beneficio de carácter social encarece efectivamente el empleo. Sin embargo, si los fondos se utilizan para financiar una prestación que perciben solo quienes trabajan y las y los trabajadores valoran positivamente los beneficios, entonces los efectos adversos se atenúan e incluso pueden desaparecer. Nuestra propuesta de pensiones cumple con ambas características. La impostergable expansión de derechos sociales requiere ser financiada y dada la gran desigualdad de ingresos que hay en Chile lo razonable es que venga de las personas de más altos ingresos. Si Sebastián Edwards tiene otras propuestas para lograr ese objetivo, más recaudación proveniente de los sectores de altos ingresos, serán estudiadas en detalle.