Por Gonzalo Martner, economista y profesor titular de la Universidad de Santiago
Unos tres millones de personas están desempleadas o disponibles para trabajar en Chile, según la última encuesta de empleo del INE (abril-junio). Las personas desocupadas que buscan trabajo alcanzaron 997 mil personas y los "inactivos potencialmente activos" sumaron otras 2,02 millones de personas. Recordemos que se considera desocupados a aquellas personas que no tuvieron una actividad remunerada en la semana anterior a la encuesta del INE y que además buscaron un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas. Otra categoría es la de los que están disponibles para trabajar, pero no buscan activamente empleo.
La crisis se expresa en que en el segundo trimestre de 2020 hay 1,78 millones de puestos de trabajo perdidos respecto al mismo trimestre del año pasado (y 1,83 millones respecto al promedio de ocupados en 2019). Además, la figura de la suspensión de contrato de la reciente ley de “protección del empleo” mantiene con un vínculo laboral pero sin trabajar a más de 700 mil trabajadores, los que aparecen en la categoría de “ocupados ausentes” en la encuesta del INE. La gravedad de la recesión asociada a la crisis del coronavirus se confirma con la caída de 32% del número total de horas trabajadas.
La “tasa de desempleo abierto” alcanzó un 12,2% de la fuerza de trabajo. Si se considera a los ocupados y los que buscan empleo y también a los mencionados inactivos potencialmente activos -categoría que ha aumentado en 1,32 millones de personas en un año-, la “tasa de desempleo efectiva” sube a 29,8%, siempre según el INE.
¿Qué se puede hacer frente a un deterioro tan brusco y extenso de la situación del empleo? Si se volviera a crear puestos de trabajo al mejor ritmo anual reciente (200 mil en 2017), se necesitaría cerca de una década para recuperar lo perdido, lo que no es socialmente aceptable.
La construcción es el primer candidato a la reactivación cuando las condiciones sanitarias lo permitan, con un margen de recuperación de 230 mil empleos perdidos. Colmatar la brecha de los 312 mil empleos menos en la agricultura, minería e industria manufacturera estará, por su parte, condicionada por el mismo efecto, pero también por reestructuraciones de procesos y automatizaciones adicionales.
Pero el grueso del empleo en Chile, dada la estructura productiva existente y la baja incidencia industrial y de producción de bienes, está en los servicios a las personas y a la producción y representan nada menos que dos tercios de las ocupaciones.
La recuperación del comercio y servicios de alojamiento y comidas, cuya pérdida de empleos suma 650 mil, dependerá de la demanda agregada y de la capacidad de consumo de las familias, mientras en ellas muchas empresas y trabajos por cuenta propia dejaron de existir. Además, las nuevas condiciones sanitarias cambiaron las condiciones de oferta y distribución y los hábitos de los consumidores, con consecuencias estructurales en el empleo que aún no podemos calibrar. El transporte perdió 120 mil empleos y su recuperación es también incierta.
En el área de los servicios sociales, la recuperación de los 120 mil empleos perdidos en la enseñanza no será fácil. Muchas personas han pospuesto planes formativos frente a las restricciones de ingresos que enfrentan, en un contexto en que la educación pública es débil y la privada suele reaccionar disminuyendo puestos de trabajo. La caída en salud y asistencia social fue, a pesar de la emergencia sanitaria, de 40 mil empleos y debiera poder recuperarse con políticas directas de ampliación de estos servicios.
Los anunciados subsidios al empleo por 2 mil millones de dólares no cambiarán demasiado el panorama descrito. En muchos casos (cuatro de cada cinco según algunas estimaciones europeas), constituirán un simple subsidio público a las utilidades empresariales aplicados a empleos que se crearán de todas maneras.
La política adecuada está en otro ámbito. Solo ocurrirá una significativa creación de empleo si se recupera la capacidad de consumo de las familias en el corto plazo y la inversión a mediano plazo, junto a un tipo de cambio favorable que acompañe una posible redinamización de los grandes mercados de exportación.
El subsidio a los puestos de trabajo sujeto a decisiones empresariales no será el camino, sino la creación directa de empleos por el sector público, en alianza con la sociedad civil en los territorios, a la espera de la mencionada reactivación del consumo y la inversión, a la que a su vez contribuirá. La mayor parte de los subsidios debiera orientarse a sostener el trabajo por cuenta propia o a programas de servicio comunitario y ambiental adecuadamente remunerados.
Esta política alivia a los desempleados y tiene efectos multiplicadores sobre la demanda agregada. Además, si se quiere evitar la prolongación de la crisis social y los efectos de la crisis sanitaria en las familias más vulnerables, será indispensable crear un ingreso mínimo universal, refundiendo diversos subsidios existentes. Y se deberá de una buena vez aumentar sustancialmente la pensión básica solidaria.
Aunque suene mal para los oídos ortodoxos, el mercado no nos hará salir de la más grave crisis económica global en noventa años y menos de sus traumáticos efectos en el empleo.
