La guerra del litio, libre competencia y gobiernos corporativos

El denominado "oro blanco" nacional, el litio, dejó de ser una moda y pasó a ser un activo clave para un mundo crecientemente móvil y eléctrico. Sólo en el caso de nuestro país -segundo productor mundial del litio después de Australia- se estima que la producción de litio más que se duplicará al 2022.

En este contexto, los últimos meses han sido agitados en relación al litio, toda vez que, por una parte, han surgido voces desde el mundo político proponiendo la "innovadora" idea de estatizar esta industria y, por otro lado, se ha desarrollado un intenso debate público-legal en relación a la intención de la empresa minera china Tianqi de adquirir el paquete accionario del 24% de Soquimich (SQM) que debe enajenar a más tardar en abril próximo la compañía canadiense Nutrien.

En relación a esto último, se ha desarrollado una fuerte ofensiva comunicacional por parte ciertos agentes, lo que sumado a la ignorancia (¿u otra intención?) de muchos actores, con una consiguiente serie de errores o mitos asociados a la intención de la compañía. Incluso, algunos expertos en libre competencia, como el abogado Tomás Menchaca, ex Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), cambiaron -curiosamente- en form radical su posición inicial.

Entre otros mitos, se ha señalado que la suma de SQM, Tianqi y Abemarle podría generar un cartel del litio, con aproximadamente el 70% del mercado mundial, dada la futura entrada a SQM de Tianqi y un contrato de distribución entre esta última y Abemarle, el cual se refiere al concentrado de litio en su nivel más básico, que no sirve para producir baterías, y que no quita el hecho de que ambas compiten de manera importante a nivel mundial, por lo que no se puede sumar tan livianamente las participaciones de tres compañías diferentes.

Asimismo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó una investigación que duró cinco meses, llegando a la conclusión de que había riesgos, los que eran abordados adecuadamente por las medidas ofrecidas por Tianqi, lo cual fue posterior y unánimente aprobado por el TDLC, algo de toda lógica para nuestro país, en donde lo único que cambiará es la participación de un accionista minoritario en SQM.

Además, la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por las sociedades ligadas al accionista mayoritario de SQM, Julio Ponce Lerou, que buscaba bloquear la entrada de Tianqi a la sociedad minera chilena.

A todo lo anterior, se suma el recién conocido rechazo por parte del TDLC de los recursos de reposición presentados ante dicho organismo por SQM y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus).

También cabe recordar que Tianqi es una compañía privada, abierta en la bolsa de Shenzhen, por lo que no sólo debe someterse estrictamente a la regulación en los distintos países donde está presente, sino que a los estándares de gobierno corporativo propios de una compañía abierta.

En definitiva, las distintas etapas del proceso que ha regulado la futura entrada de Tianqi a SQM no ha hecho sino demostrar que la institucionalidad de libre competencia en Chile funciona a la perfección y que lo que está detrás de la campaña antes señalada no tiene que ver necesariamente con una fuerte preocupación por este ámbito, sino que por otro tipo de motivaciones.