La hora de los partidos políticos en el proceso constituyente

Los líderes de los principales partidos políticos del país han comenzado a realizar activas gestiones con el fin de alcanzar un acuerdo político que permita destrabar los nudos que han entrampado al proceso constituyente; entre ellos, el alcance de la protección a la vida del no nacido, el derecho a elegir sistema de salud, el resguardo constitucional a los fondos de pensiones, la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda y la paridad. Los dirigentes parecen estar ahora mucho más conscientes sobre la importancia de cuidar el proceso y agotar todos los esfuerzos para evitar que las diferencias comploten contra el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un texto lo más consensuado posible.

La señal que están dando los partidos es a todas luces valiosa, porque con ello no solo están transmitiendo que para el mundo político no es irrelevante que nuevamente una propuesta constitucional sea rechazada por la ciudadanía, sino que también se están haciendo cargo de un proceso que fue impulsado por las propias fuerzas políticas -plasmado en el “Acuerdo por Chile”-, bajo la convicción de que el país necesita una nueva y buena Constitución.

Las votaciones hasta aquí registradas en el pleno del Consejo, donde republicanos y Chile Vamos han hecho valer su mayoría para lograr la aprobación de una serie de enmiendas, motivaron que sectores del oficialismo denunciaran que se ha “pasado máquina”, lo que ha sido aprovechado por dirigentes del Partido Comunista y algunas voces  del Socialismo Democrático -por ahora muy minoritarias- para llamar a votar “en contra”. Irresponsablemente algunos de estos sectores incluso ya promuevan un “plan B” ante la posibilidad de que el texto se rechace en diciembre, todo lo cual no hace sino confundir más a la ciudadanía y profundizar el sentimiento de desafección con el proceso.

Sugerir de antemano que hay un plan alternativo constituye una abierta deslealtad con el proceso que fue comprometido ante el país; un predicamento así en los hechos equivale a buscar deliberadamente el naufragio del proceso y es atentar contra las reglas básicas del diseño que fue convenido por la mayor parte de las fuerzas políticas. Esto porque al quedar todavía pendientes una serie de instancias clave -por de pronto el texto que apruebe el Consejo será objeto de revisión por parte de la Comisión Experta, lo que previsiblemente forzará nuevas negociaciones entre expertos y consejeros- el actuar que corresponde es empeñarse en que el acuerdo se produzca. Por ello ha resultado clarificador que los presidentes de la UDI y el PS hayan sido categóricos en desechar cualquier posibilidad de “plan B”, dejando bien establecido que ésta es la instancia definida para dictar una nueva Carta Fundamental.

Tampoco debe ser minimizado que fuerzas más ancladas al centro político como Amarillos o Demócratas estén desplegando sus propios esfuerzos para que dentro del Consejo se produzcan acuerdos. Mientras más amplio sea el arco político que pueda estar detrás de un proyecto de nueva Constitución aumentan las chances de que éste  pueda convencer a la ciudadanía -la que hasta el momento en forma mayoritaria ha tomado distancia con este proceso, por muy diversas razones- y sea aprobado. Por cierto que ningún acuerdo podría prosperar si es que en éste no están incluidos los republicanos, considerando su posición mayoritaria dentro del Consejo. En los últimos días sus dirigentes han dado luces de allanarse a buscar fórmulas de entendimiento -uno de sus líderes señaló que lo aprobado por el Consejo “no está escrito en piedra”-, lo cual es un gesto positivo y refuerza la noción de que el proceso aún no ha fracasado.

En esta fase también es importante dejar de enfatizar sólo las diferencias y comenzar a resaltar que, sin perjuicio de los aspectos problemáticos, el cuerpo central de la nueva Constitución luce en general bien y contiene avances muy importantes para el país. Es así como el pleno aprobó las normas que limitan la proliferación de partidos políticos y que además reducen el número de diputados, todo lo cual es fundamental para apuntalar a nuestro dañado sistema político; la iniciativa popular de norma que buscaba una administración del Estado al servicio de las personas, y que promueve modificaciones al régimen de empleo público -delimitando los cargos de confianza- fue aprobada en lo esencial; hay nuevas reglas en favor de la descentralización; ha quedado un cuerpo robusto de derechos fundamentales así como de compromisos sociales que asume el Estado; se limita la acción de los jueces en materia de derechos sociales, impidiendo que en virtud de ello dicten políticas públicas; en fin, todo ello refuerza la importancia de perseverar en que este proceso llegue a buen puerto.