Por Eduardo Saavedra, director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH
Qué duda cabe que las políticas públicas inciden en la vida de todos los chilenos, en particular en aquellos a los que van destinadas. Sin embargo, la práctica pareciera indicar que no hay consenso en cuanto a que las mejores políticas públicas -aquellas que tienen un mayor impacto por cada peso gastado- sean aquellas que surgen de la discusión entre los que toman las decisiones, la academia que aporta su saber y los ciudadanos a quienes van dirigidas. Las políticas públicas son implementadas por los gobiernos, pero su diseño debe conjugar la discusión técnica que la academia debe y puede entregar, libre de los intereses de quienes las financian y de a quienes les benefician, y del diálogo permanente entre gobierno, academia y la sociedad civil. En tal sentido, no se trata de un diseño teórico elaborado en alguna oficina pública, sino que dichas políticas deben provenir de la discusión permanente y de las miradas transversales y multidisciplinares de muchos actores.
Actividades como el reciente encuentro anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, co-organizado este año por el CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, apuntan en la línea correcta. Lamentablemente, este tipo de instancias son muy pocas en nuestro país y la responsabilidad social universitaria parece estar más bien ausente. Para mostrar la importancia de encuentros como el mencionado, el tema del orador principal fue la 4° revolución industrial, planteándose que los avances tecnológicos, internet e inteligencia artificial van a llevar a que las máquinas desplacen el trabajo humano, tema agravado producto de la crisis sanitaria, el confinamiento y la volatilidad de la economía. De hecho, de acuerdo con el documental “American Factory” (Netflix, 2019), a fines de esta década, un 5% de la población mundial habrá perdido su empleo, desplazado por máquinas. La riqueza de la discusión entre expertos y quienes deben estudiar estos temas en Chile es fundamental para enfrentar la complejidad del problema. La discusión seria plantea interrogantes sobre qué políticas públicas deben ser impulsadas para adaptarse a este nuevo contexto.
No pretendo argumentar que la academia nada ha hecho por Chile; se han diseñado muy buenas políticas públicas desde las universidades, como por ejemplo las evaluaciones sociales de los proyectos de inversión pública que comenzaron a aplicarse hace más de medio siglo en el país. Simplemente, quiero destacar que el diálogo y la discusión de políticas debe amplificarse de modo de no llegar tarde con las propuestas que la sociedad civil espera. En esta tarea el gobierno, cualquiera sea su color o tendencia, debe tener un rol activo, no para monopolizar la investigación científica, sino para convertirse en el articulador de la relación entre la academia que produce conocimiento y su diálogo con la sociedad civil, lo que permite transformar dicho conocimiento en ideas aplicables para responder a las problemáticas que los propios ciudadanos demandan.
