El actuar de la Lista del Pueblo y su cuestionado proceso de elección de un candidato presidencial -posteriormente revertido- ha reinstalado en el centro de la discusión pública la importancia de la institucionalidad que rige los partidos políticos en Chile. Más allá de las eventuales correcciones y mejoramientos que se puedan hacer, como en toda legislación, es inevitable que una democracia cuente con un sistema de partidos políticos sólido y regulado. En los últimos años, sin embargo, a causa en muchos casos del propio actuar de esas organizaciones -que llevó a aprobar una serie de reformas sobre financiamiento y control de sus actividades-, surgió en la ciudadanía una creciente desconfianza hacia ellas, que está en la base de varios de los problemas que hoy enfrenta nuestra institucionalidad. Las cifras así lo confirman. Según la última encuesta CEP solo el 2% de los consultados asegura confiar en los partidos políticos, lo que los ubica en el último lugar de la lista.

En este ambiente, potenciado luego de los sucesos del 18 de octubre de 2019, muchos vieron a los independientes o a quienes se mostraban ajenos a los conglomerados políticos, como los únicos capaces de representar fielmente los intereses de la ciudadanía. Sin duda existe valor en el aporte que personas individuales, ajenas a la estructura partidaria, puedan hacer al debate público. Es legítimo que algunos de quienes deciden intervenir en política y en las diversas instancias de decisión y debate que la institucionalidad democrática ofrece lo hagan al margen de los partidos. Esa posibilidad está consagrada, además, en la actual legislación que rige la participación política y las elecciones en el país. Pero otorgarle a ese actuar, ajeno a la institucionalidad partidaria, una suerte de superioridad moral sobre el resto de los actores políticos, libre de intereses particulares, como han intentado instalar algunos en el último tiempo, no solo es engañoso, sino que plantea varias amenazas.

Y más grave aún es presentarse ante la opinión pública como independientes, pero actuando en los hechos como un partido político, como ha sucedido con la Lista del Pueblo. La actual legislación que rige a los partidos y que ha sido perfeccionada en los últimos años, fija una serie de exigencias de transparencias, accountability y financiamiento, entre otros temas, que ofrece a la ciudadanía garantías sobre su actuar. Los ciudadanos, además, cuentan con información disponible y abierta para poder tomar mejor sus decisiones. Y los procesos electorales internos son regulados para dar garantías a todas las partes y asegurar el correcto funcionamiento del sistema. No se trata de una exigencia arbitraria sino necesaria en cualquier democracia. Por ello, escudarse en una supuesta independencia para no cumplir con esas obligaciones indispensables para toda organización política, pero actuar como una, termina conspirando contra la confianza ciudadana y minando la propia democracia.

Los partidos políticos son instituciones fundamentales de todo sistema democrático como mediadores de los intereses ciudadanos. Toda democracia representativa como la chilena requiere que existan y operen adecuadamente. No es posible gozar de los beneficios que ofrece actuar como grupo político, sin asumir los costos y exigencias que ello plantea. Qué duda cabe que los partidos atraviesan hoy una crisis, pero el camino para revertirla no pasa por intentar engañar al sistema y saltarse las exigencias que éste establece, escudados en una falsa independencia, sino reforzándolos. La experiencia de países de la región que han visto colapsar su sistema de partidos y proliferar movimientos supuestamente “independientes” revelan los costos y riesgos que ello conlleva para la institucionalidad democrática. El discurso antipartidos solo termina fomentando una peligrosa opacidad en torno a los intereses de quienes intervienen en política, como hoy se observa en otras iniciativas políticas.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos es, sin duda, clave para la salud de nuestro sistema democrático, pero ello no pasa por destruirlos o engañar al sistema sino porque todos los actores políticos asuman su responsabilidad en potenciar y prestigiar su rol, elevando los estándares y las exigencias de su labor.