Por José Francisco Lagos, director ejecutivo de Instituto Res Publica
Una de las promesas de campaña del presidente electo y su equipo fue la condonación y eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta ha sido una causa que ha movilizado a muchos estudiantes y también ha sido considerada por algunos grupos políticos.
Hace unos días, el Ministerio de Educación dio a conocer algunos datos respecto al CAE y a sus deudores que resultan especialmente interesantes a la hora de evaluar lo adecuado o no de esta política pública.
En primer lugar, se deja de manifiesto que aquellas personas que pasan por la educación superior logran mayores ingresos que aquellos que no lo hacen. La OCDE dice que este aumento de ingresos correspondería a un 163% en el caso de Chile. En otras palabras, existe un beneficio privado importante para el estudiante que termina su paso por la educación superior.
En segundo lugar, un número importante de personas que pasa por la educación superior recibe sueldos mayores que los del promedio en Chile. En el caso de los beneficiarios del CAE, más de 170.000 jóvenes ya reciben un sueldo mayor a $800.000, y 31.000 mayor a dos millones de pesos.
Por último, si bien se trata de un instrumento que ha mejorado y puede seguir haciéndolo, lo que es claro es que más de un millón de jóvenes ha pedido este beneficio del Estado, permitiendo que puedan acceder a la educación superior. De no existir esta alternativa, probablemente les hubiera costado mucho más poder ingresar a ella. En este punto, podemos decir que también hay un beneficio social; a la sociedad le conviene tener a una población más educada y por eso vale la pena contribuir con este beneficio.
Dado lo anterior, surgen dos puntos importantes. Lo primero es que si la educación tiene un beneficio privado y otro social, por qué este costo solo tiene que ser asumido por la sociedad y no puede concurrir también quien se va a beneficiar privadamente. Esto responde al cuestionamiento de lo justo o no que significa cobrarle a quien ha pasado por la educación superior y está en condiciones de pagar.
El segundo punto es que, condonando el CAE, se destinan demasiados recursos en quienes ya pueden acceder a la educación superior y no en aquellos que aún no pueden hacerlo, porque su costo de oportunidad de trabajar versus estudiar es aún muy alto.
En Chile aún hay muchas personas que no les basta la gratuidad para estudiar, porque deben apoyar a sus familias lo antes posible y no pueden estar cinco años sin recibir ingresos. Esa realidad la omiten aquellos que prefieren condonar el CAE de manera universal. Las soluciones, como en todo problema social, son complejas, y por eso deben verse caso a caso. Pero no podemos tratar igual a aquellos más beneficiados, cuando aún hay muchas urgencias que resolver con los recursos limitados del Estado.
