Para la mayoría de los chilenos, la vida está marcada por la inapelable Ley de Moraga. Ante la fatalidad: si no juntaste suficiente plata en tu cuenta de AFP, Moraga. Si tienes una enfermedad y quieres contratar una isapre, Moraga ("no pueden darse el lujo de recibir enfermos", lo sabemos).

Ante la falta, también. Si evadiste la micro y te pillan, Moraga: multa de $ 71.000. Si no puedes pagarla, Moraga de nuevo: a la lista negra del registro público de evasores. Si no das boleta por un Tic Tac, Moraga: seis días de clausura de tu local.

Y ante el delito, Moraga por supuesto: si presentas dos boletas falsas por $ 2,2 millones, como hizo hace poco un contribuyente en Puerto Montt, querella de Impuestos Internos, juicio y condena.

A menos que pertenezcas al exclusivo círculo que puede obviar la Ley de Moraga y reemplazarla por la más comprensiva Ley del Embudo.

Carlos Délano es invitado por el Banco de Chile a una fiesta VIP para celebrar el pago de la deuda subordinada. El condenado por delitos tributarios consumados y reiterados comparte el exclusivo cóctel con dos ministros de Estado y el presidente de la Asociación de Bancos, entre otras autoridades.

Antes del Caso Penta, Délano ya había sido condenado en un fallo unánime por la Corte Suprema. Se comprobó que usó información privilegiada, precisamente como dueño del Banco de Chile. Pero por esos días, eso no era delito. Délano solo pagó una multa y se benefició de "irreprochable conducta anterior" en Penta.

El exrector Ángel Maulen, condenado por sobornos reiterados y lavado de dinero, asume como nuevo director de Blanco y Negro, la sociedad que controla a Colo-Colo. Maulen, como rector de la Universidad Pedro de Valdivia, ordenó pagar $ 50 millones al presidente de la CNA para conseguir una acreditación trucha, y así engañar a las familias que se endeudaron por un título inservible con el CAE.

Gabriel Ruiz-Tagle es uno de los dueños de Blanco y Negro que designó a Maulen. Él era el dueño de Pisa cuando su empresa se coludió con CMPC en el cartel del papel. Según la Fiscalía Nacional Económica, Ruiz-Tagle acordó personalmente la colusión en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo con el gerente de CMPC Jorge Morel.

Adivinen: en ese entonces, coludirse tampoco era delito en Chile.

Es que en nuestro país también hay delitos de primera y de segunda.

En los delitos "tipo Moraga" el procedimiento es claro. La Fiscalía investiga y, si tiene pruebas, la justicia condena.

Los delitos "tipo Embudo", los que suele cometer la élite, son muy distintos.

Algunos ni siquiera aparecen en el Código Penal. Son delitos que no son delitos. Así ocurrió con el uso de información privilegiada en Enersis y el Banco de Chile, y con la colusión de las farmacias, el papel y el pollo. También, hasta hoy, con los delitos ambientales.

Cuando el escándalo público obliga a tipificarlos, ello suele hacerse con letra chica.

Así ocurre con la evasión tributaria, que requiere querella de Impuestos Internos. Con los delitos electorales, del Servicio Electoral. Y con la colusión, de la Fiscalía Nacional Económica. Sin las firmas de esos tres organismos, que dependen de la designación política, la impunidad está garantizada.

Si un alto ejecutivo baja de su oficina en 'Sanhattan' para carterear en Isidora Goyenechea; si un ministro, a la salida de La Moneda, se instala con un paño a vender discos piratas; o si el dueño de una empresa hurta un pollo del supermercado, la Fiscalía puede perseguirlos.

Pero los delitos que los miembros de la élite sí suelen cometer, no contra una víctima, sino contra millones de chilenos (evasiones multimillonarias, robos a través de la colusión, trampa electoral) están resguardados por ese filtro de la impunidad, además de penas bajísimas que les evitan la cárcel.

Y si, pese a todo, alguien es condenado, será sostenido por la última red de todas: el apoyo de sus pares. Alfombra roja para Délano en el mismo banco contra cuyos accionistas él usó información privilegiada. Sillón de directorio para Maulen en el club cuyos hinchas están entre las familias desfalcadas por el soborno del CAE.

Frente a las críticas, el expresidente de La Polar César Barros responde que "en Chile hay una sanción moral fuerte al delito económico: solo que no por la prensa. Es en privado, pero de una dureza implacable. Claro que, por eso, los opinólogos que no van a esos eventos sociales es difícil que se enteren. Pero que la hay, la hay, y muy dura".

Es una confesión que ahorra más comentarios.