Por Yanira Zúñiga, profesora titular Inst. de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
Entre las muchas virtudes de “El Agente Topo” -la cinta de Maite Alberdi nominada a los Premios Oscar- está su habilidad para mostrar un verdadero caleidoscopio de vivencias y emociones contrapuestas. Entre la comedia y el drama, la fragilidad y el empoderamiento, el desarraigo familiar y el espíritu de comunidad se teje la vida cotidiana de un grupo de personas mayores internadas en una residencia. Un conjunto de anécdotas contadas en primera persona que revelan un destino social signado por la soledad y el abandono. Así, con simplicidad, humor y emotividad, el lente de la cineasta nos muestra las imágenes del envejecimiento, ese fenómeno vital que nos cuesta abordar como una cuestión política.
Mientras las cifras de natalidad continúan en descenso, las previsiones sugieren que para el año 2050 casi un cuarto de la población chilena será mayor de 65 años. Todo ello generará una gran presión fiscal para financiar las pensiones de vejez que se han deteriorado gravemente debido al impacto de los sucesivos retiros de fondos previsionales. Este escenario refuerza la necesidad de avanzar hacia un verdadero modelo de seguridad social, lo cual seguramente tendrá un rol protagónico en el próximo debate constituyente.
No obstante, los derechos de las personas mayores no se agotan en la discusión sobre pensiones dignas. Al haber ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en 2017, Chile se comprometió, además, a garantizar y promover la independencia, autonomía, igualdad y no discriminación de esta población. Lamentablemente, el edadismo, es decir, la discriminación basada en estereotipos que degradan la vejez y encumbran la juventud, está muy presente entre nosotros. Sin ir más lejos, el año pasado el gobierno decretó un confinamiento obligatorio de casi seis meses para personas mayores de 75 años sin que ninguna de las alarmas que denuncian la afectación de la “esencia” de los derechos, cuando sus titulares son otras personas, hayan saltado. Lo propio ha ocurrido con la decisión de algunas notarías de exigir un certificado de lucidez para este mismo grupo etario, entrabando con ello su libertad contractual de manera abiertamente ilegal.
La asociación entre la vejez y la muerte nunca ha sido más fuerte que en esta pandemia, revelando no solo la vulnerabilidad física de las personas mayores sino, sobre todo, su vulnerabilidad social. La protección de la vejez debe hacerse desde un enfoque de derechos humanos que reconozca el lugar de las trayectorias vitales en el desarrollo de los sujetos. El debate constituyente es un momento propicio para discutir un estatuto sobre los derechos, las responsabilidades de cuidado y las estructuras de protección que requieren las personas mayores, reconociéndoles su posición de interlocutoras sin ambages.
