Por Carlos Ominami, economista
En estos días se comienza a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Una familia de cuatro personas sin ingresos recibirá $400 mil durante tres meses. Este es el principal resultado práctico de las negociaciones entre el gobierno y parte de la oposición.
La idea de un subsidio de este tipo se ha planteado desde el inicio de la pandemia. La respuesta del gobierno a nuestras insistentes demandas fue sistemáticamente insuficiente, engorrosa y tardía. Solo el 14 de junio en el Marco de Entendimiento se allanó a un IFE de $100 mil por persona.
Hicieron bien los tres partidos que suscribieron este acuerdo en no asistir a la invitación de La Moneda a la promulgación de la ley respectiva. En realidad, “no había nada que celebrar”. La cifra mágica de $100 mil representa un 12% menos de la correspondiente a la línea de pobreza. El argumento para no alcanzarla fue que en condiciones de confinamiento se podían descontar los gastos de locomoción, vestuario y entretenimiento, lo que constituye una buena demostración de desconexión con la realidad. Así, por ejemplo, el cierre de los colegios priva a muchas familias de la alimentación que éstos proveen para sus hijos al paso que con la llegada del frío y del invierno aumentan las enfermedades y los gastos de bolsillo en medicamentos y, por lo demás, los pobres merecen también costearse alguna forma de entretención para sobrellevar el encierro.
No hay razón para regatearle a una familia pobre un subsidio que la ponga justo por sobre la línea de pobreza. Más aún, se ha argumentado que este subsidio debe también alcanzar a amplios sectores de capas medias vulnerables, muchos de los cuales han perdido todos sus ingresos y están fuera de nuestro precario sistema de protección social. Es injusto para con ellos que sus ayudas se sitúen por debajo de la línea de pobreza.
La única explicación aceptable sería la imposibilidad presupuestaria. Pero, no hay tal. Chile tiene los recursos. De acuerdo al último Informe de la Dirección de Presupuestos, considerando los US$ 12 mil millones previstos en el Acuerdo, Chile mantendría todavía más de la mitad de los recursos existentes en los fondos soberanos y la deuda pública alcanzaría a 34,8% del PIB a finales del 2020. Por su parte, el aumento del gasto público para este año alcanzaría a 11,4%, cinco puntos menor al del 2009. En su Informe del 24 de junio, el FMI estima que a nivel global la deuda pública equivaldrá a 101,5 % del PIB mundial mientras que en los países emergentes alcanzará a un 63,1%, cerca del doble del nivel previsto para Chile. Existe en consecuencia un amplio margen para endeudarse (a bajas tasas) salvando vidas, empleos y empresas.
Los partidos que concurrieron al Acuerdo lo hicieron de buena fe, pero en condiciones de debilidad producto de nuestras divisiones y distancias del mundo social. Sin duda lograron un avance, pero desgraciadamente no pudieron doblegar la mezquindad fiscal.
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