La nueva Inquisición

Paul Reitz


Por César Barros, economista

Luego de inventada la imprenta, la organización más poderosa de la época -la Iglesia Católica- se preocupó de que la circulación de libros estuviera bajo su tutela ideológica. Y así, bajo el Santo Oficio de la Inquisición se obligó a los autores a someter sus escritos, previo a su publicación, a la aprobación por parte del Santo Oficio, que entregaba -en caso positivo- el “nihil obstat, imprimatur”. O en caso contrario, se le incluía en el Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum.

En el Index estuvieron por siglos las obras de Galileo, y de su predecesor, Nicolás Copérnico (De revolutionibus orbium coelestium). Y después las obras de Erasmo, Hobbes, Hume, Bergson y Sartre, entre otros muchos.

Esta misma lógica -pero en el siglo XX- siguieron los socialismos reales y los irreales posteriores, como Cuba y Venezuela. Fue el caso de Solzhenitsyn y de Boris Pasternak en la URSS. Y la declaración de “persona non grata” de Jorge Edwards en Cuba, que no fue nada al lado de lo que les ocurrió a Armando Fernández y a Heberto Padilla. Y la semana pasada al último diario no comunista de Hong Kong. Y es lo que aparece en el programa de Daniel Jadue: la creación de un santo oficio, que vigile y pautee a todos los medios: un “Jadueorum”. Y Daniel Matamala hace bien en criticarlo.

Pero Matamala yerra al igualarlo con un fenómeno natural de los países libres: la libertad de poseer medios de comunicación, con la línea editorial que sus dueños quieran darle. Y así, frente a CNN, apareció Fox News, con líneas editoriales y contenidos muy divergentes. Y frente al The New York Times está The Wall Street Journal, uno conservador y el otro liberal. La democracia norteamericana no ha sufrido detrimento alguno. Lo mismo ocurre en Inglaterra, Alemania, Francia y España.

Es que, en una sociedad libre, los empresarios y sus empresas tienen el legítimo derecho a crear medios de muy diferente color político. Y también de auspiciar y poner su publicidad en el medio que ellos elijan, ya sea por razones de su rating, su contenido o por su línea informativa. Prohibir a las empresas pagar publicidad donde sus dueños elijan -por las razones que sean- constituiría una violación de la libertad y del derecho a elegir en forma más que legítima dónde hacer y dónde no hacer publicidad. La gente luego verá qué medio escucha o lee, y decidirá quién se lleva el mejor rating.

Nadie obliga a los ciudadanos en los Estados Unidos a tener que sintonizar la CNN o Fox News. Impedir a las empresas el distribuir su publicidad -como sugirió el columnista el domingo pasado, de acuerdo a ciertos estándares- sería un invento no mucho mejor que el “Jadueorum”: sería un “Matamalorum”, y que por supuesto también tendría consecuencias nefastas. Implicaría que los empresarios no pueden elegir en qué medio publicitan y, además, obligarlos a ser políticamente inválidos, mudos y obedientes, una aspiración centenaria de la izquierda política.

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