La discusión parlamentaria sobre la reforma del sistema político se ha concentrado desproporcionadamente en una propuesta sobre la necesidad de elevar el umbral electoral al 5% (4% transitorio), como forma de responder al problema de la fragmentación en el Congreso. Sin embargo, la obstinación de implementar cambios puntuales sin considerar su coherencia con el sistema político en su conjunto refleja una práctica recurrente en el diseño institucional chileno. El ejemplo más reciente puede encontrarse en el cambio que instaló el voto voluntario en 2012 sin evaluar las consecuencias negativas que esto implicaría para la participación. Diez años más tarde, la obligatoriedad volvió a imponerse, respondiendo más bien a los cálculos electorales de los partidos que a las necesidades de representación de la ciudadanía.

Es cierto que el umbral es un determinante importante de la cantidad de partidos que ingresan al Congreso, pero atribuirle a este elemento toda la responsabilidad por su excesiva proliferación es un diagnóstico incompleto. Los problemas más complejos en el diseño del sistema electoral se esconden en las listas abiertas y los pactos entre partidos que generan incentivos para el personalismo y campañas centradas en los candidatos, a expensas de los proyectos colectivos. Esto erosiona la disciplina partidaria, nutre el transfuguismo y dificulta la formación de mayorías estables, lo cual interfiere en la gobernabilidad, fomentando una política individualista que aleja cada vez más a los partidos y a los candidatos de la ciudadanía. En última instancia se pone en juego la legitimidad del sistema.

Modificar el umbral puede tener efectos reductores inmediatos, pero no resolverá las causas profundas del desorden político si no se modifican las reglas que permiten a los partidos agruparse en pactos y si no se generan mecanismos que desincentiven la competencia por cargos públicos centrada en ambiciones personales. Las dificultades radican no solo en que el formato de pactos permite que varios partidos compitan bajo un mismo bloque electoral, sino fundamentalmente en que las dinámicas de estas relaciones se ven complejizadas por las listas abiertas, las cuales, por diseño, favorecen la diferenciación individual de las candidaturas y hacen que se exacerbe la contienda directa entre las figuras electorales de cada partido. Esto hace que sea imprescindible distinguir el nombre propio por sobre los demás contrincantes para asegurarse de que sea el seleccionado en la boleta.

En este sentido, la reforma en discusión puede incluso agravar la desconexión entre partidos y ciudadanía al permitir el traslado de votos de partidos que no superen el umbral a otros dentro del pacto que sí lo hagan, tergiversando así la voluntad de las urnas. El diseño institucional requiere un análisis de largo plazo. Reformar una regla sin revisar el conjunto de disposiciones sistémicas y sus interacciones, implica repetir errores ya conocidos. No se trata solamente de cuántos partidos hay, sino de cómo se articulan, se disciplinan y, fundamentalmente, cómo representan a la sociedad.

Federica Sánchez, académica Universidad Alberto Hurtado