La opinión pública y el sistema de justicia

luis hermosilla
La opinión pública y el sistema de justicia.


SEÑOR DIRECTOR:

Es habitual oír la expresión “la corte de la opinión pública” en series de TV estadounidenses. La misma alude a la idea de que en casos de cierta magnitud hay realmente dos tribunales juzgando; la justicia y la sociedad. Con todo, la opinión que la gente se forme de un caso no tiene por qué ser espontánea, sino que puede ser un objeto de disputa, donde diversos actores tratan de controlarla. Nuestro más reciente ejemplo es el caso Hermosilla.

En los últimos días, tras un comentario del Presidente Boric, se ha dado pie a diversas declaraciones cruzadas entre el defensor del imputado y ministros de Estado. Amenazas encubiertas, acusaciones de ilegalidad y comparaciones en las trayectorias profesionales entre el abogado defensor y el ministro de Justicia empezaron a llenar las crónicas. No solo se han instalado nuevas polémicas en torno al caso, dirigiendo así la atención hacia ciertos temas en desmedro de otros, sino que también aparecieron actores que pretenden dirigir el juicio de la opinión pública para obtener alguna ventaja, fuera o dentro del proceso.

La disputa por este espacio no es algo menor. Así, las expectativas que la sociedad tenga del caso serán directamente influenciadas por las narrativas que se instalen, incidiendo en aquello que la sociedad considere es un resultado “justo” o “correcto”, cuestión que tiene diversas consecuencias, especialmente en un escenario donde el veredicto de la “corte de la opinión pública” se aleje de la respuesta que nuestro sistema de justicia y tribunales puedan dar al caso.

Dicha distancia en términos de expectativas puede tener efectos en un caso particular, por ejemplo, presionando para favorecer ciertas interpretaciones jurídicas o para la toma de decisiones. Pero también puede generar efectos que vayan más allá del caso, provocando costos en términos de prestigio de nuestras instituciones, al no proveer estas la respuesta que la sociedad estima “justa” o, incluso, con la introducción de leyes con “nombre”, para asegurar que en el futuro sí se den los resultados que la gente apoya.

Las narrativas que se instalen en la opinión pública sobre un caso particular no son un fenómeno que debiésemos ignorar o mirar con liviandad, por las importantes consecuencias que estas pueden generar. Debemos estar atentos a quienes pretenden instalarlas y con qué objetivos.

Claudio Fuentes Maureira

Director del Programa de Reformas Procesales y Litigación (PRPL) UDP

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