SEÑOR DIRECTOR:
La lamentable muerte de una niña de 13 años en una plaza de Quilicura es una situación inaceptable, que una vez más pone en el debate público la grave exposición a la violencia que sufren miles de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional.
Como fundación, que trabajamos diariamente en once regiones del país, somos testigos de cómo espacios como la plaza, concebido como un lugar para el encuentro, lugar preferente para niños, donde el juego y el aprendizaje de relaciones sociales de respeto y aceptación del otro debieran ser los protagonistas, han sido tomados por la delincuencia.
Esta situación se suma a la ocurrida durante la semana pasada, donde en una feria libre, hubo intercambio de disparos, al frente de un jardín infantil, que obligó a los niños a refugiarse bajo los pupitres, como parte de un protocolo que se comienza a normalizar en los sectores con mayor vulneración. Al igual que los constantes robos que afectan a los establecimientos escolares en estos sectores y a los centros de protección de derechos como los que ejecuta nuestra fundación.
La situación requiere de una acción urgente del Estado y de todos los actores que forman parte del sistema de garantías definido en la Ley sobre de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Durante la semana pasada el Comité Interministerial aprobó por unanimidad la nueva Política de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción para el periodo 2024-2032, pero situaciones como estas dan cuenta de que, en los actuales entornos de violencia, estas políticas se quedan en discursos, frente a los más de 45 niños que han muerto por balaceras entre 2023 y lo que va del año.
Edmundo Crespo Pisano
Director ejecutivo
Fundación Ciudad del Niño
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