La política debe enfocarse en salvar empleos

Los malos resultados que progresivamente revelan diversos indicadores de actividad económica no alcanzan a graficar en su totalidad la dramática situación que vive el mercado laboral. Una mirada general a la información del empleo revela que la tasa de desocupación llegó a 12,2% en el trimestre abril-junio de este año, lo que equivale -según las cifras oficiales informadas por el INE- que casi un millón de personas no tuvo un empleo remunerado la semana de la encuesta y estuvo buscando activamente uno en el último periodo. Sin embargo, la tasa de desempleo no es suficiente para dimensionar la magnitud del problema que tenemos en frente. 

Al usar medidas alternativas, las que incluyen a la fuerza de trabajo potencial y a los iniciadores disponibles -dos grupos que aparecen fuera de la fuerza de trabajo, pero con cierto grado de disponibilidad para entrar al mercado laboral-, la tasa de desocupación se empina al 29,8%, lo que equivale a tres millones de personas. Lamentablemente, el problema no termina ahí. Según los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, los trabajadores que actualmente se encuentran suspendidos -acogidos a la Ley de Protección del Empleo- suman 710 mil, muchos de los cuales no podrán volver a sus puestos de trabajo de origen. 

Que más de tres millones de personas se encuentren sin un empleo remunerado en los próximos meses debiera ser a estas alturas la principal preocupación del mundo político, pero claramente las prioridades no están centradas allí, y las soluciones avanzan a un ritmo demasiado lento frente al drama social que todo esto implica. El gobierno ha intentado apostar por medidas que apuntalen el mercado laboral. Por lo pronto, anunció un plan de infraestructura por US$ 34 mil millones, los que según cálculos oficialistas podrían generar 250 mil empleos, los que por definición serán transitorios. Además, se está evaluando un subsidio al empleo, y en el Congreso se discuten perfeccionamientos a la Ley de Protección del Empleo, entre los que se cuenta la extensión de su plazo. 

Todas estas medidas, necesarias en el corto plazo, no van al fondo del problema y por lo mismo carecen de la fuerza suficiente para generar un punto de inflexión en la actividad privada. Después de todo, la crisis está forzando el cierre de muchas empresas, sobre todo de Pymes -o bien las ha obligado a reducirse sustancialmente-, y esta es la razón última de por qué se están destruyendo empleos a una velocidad vertiginosa. De seguir este círculo vicioso, la situación del mercado laboral solo puede empeorar. 

Por ello, resulta urgente diseñar medidas que alivien la situación financiera de las empresas y creen incentivos permanentes para la generación de empleos. Este paquete de medidas debe apuntar necesariamente a reducir los costos para dar oxígeno a las compañías, tal que puedan seguir a flote y a la vez puedan conservar la mayor cantidad de empleos posible. Es en ese marco donde cobra sentido, por ejemplo, el diseño de exenciones tributarias, que bien podrían ir asociadas en función de los niveles de contratación de las compañías. Lamentablemente, en la discusión legislativa se ha podido comprobar la reticencia que despierta en ciertos sectores de oposición el apoyo del Estado a las empresas, revelando una profunda falta de entendimiento sobre cómo manejar esta crisis, así como del drama que representa la falta de oportunidades laborales para millones de personas.

 Más allá de los instrumentos puntuales que se escojan, es fundamental que la respuesta desde las políticas públicas aborde el enorme desafío que plantea el mercado laboral a tiempo y con la profundidad que el problema demanda. De avanzar el deterioro en el sector privado, el mundo político -muy preocupado de buscar fuentes de financiamiento para demandas sociales-, descubrirá en poco tiempo que los problemas sociales se multiplican y la recaudación fiscal se contrae a ritmos preocupantes.