Por Pía Palacios, directora de estudios e incidencia, Techo-Chile – Fundación Vivienda; y Florencia Vergara, coordinadora nacional de investigaciones territoriales, Techo-Chile – Fundación Vivienda
El aumento de los campamentos ha vuelto a instalarse en el debate público mediante noticias y estudios que advierten sobre la creciente presencia de este fenómeno en distintas ciudades del país. Lo anterior ha sido confirmado por el Ministerio de Bienes Nacionales, cuya información más reciente alerta sobre el aumento de tomas en terrenos fiscales durante los últimos meses.
Pero los campamentos son más que una cifra que va al alza; representan la exclusión habitacional que vive la población más vulnerada del país, y que, a la luz del estallido social y la pandemia, adquirió una mayor nitidez. En este contexto, los asentamientos precarios se presentan como la cara visible de la segregación y fragmentación estructural que existe en las ciudades, cuya presencia ha reproducido la desigualdad en distintos aspectos de la vida cotidiana.
En las últimas décadas, la significativa disminución de la pobreza en el país generó la falsa ilusión de que se estaba avanzando a paso firme en políticas sociales. Sin embargo, el contexto actual confirma la realidad que por años había sido camuflada mediante cifras. Bastaron solo unas semanas de cuarentena para que saliera a la luz la fragilidad del sistema económico, junto a la falta de garantías y protección de los derechos sociales. En momentos de crisis, la inexistencia de un sistema robusto de protección social ha permitido la aparición o profundización de diversas problemáticas, agudizando las dificultades de acceso a la vivienda.
En particular, la crisis de acceso a la vivienda ha generado las condiciones propicias para el aumento del número de asentamientos informales. Según cifras del último Catastro Nacional de Campamentos (2019), estos han aumentado un 22% en diez años, pasando de 657 en 2011 a 802 en 2019. Asimismo, el número de familias pasó de 27.378 a 47.050, aumentado un 71,9%, las que según estimaciones contemplan a 111.767 personas (Minvu, 2019).
Si bien a la fecha es difícil contar con cifras actualizadas sobre el impacto del estallido y la pandemia en el crecimiento de los campamentos, los problemas económicos y la falta de ingresos regulares que afectan a muchas familias indudablemente han generado un escenario complejo. Según una encuesta realizada por Techo-Chile y la Escuela de Gobierno UC sobre el efecto socioeconómico y percepción de riesgo del Covid-19 en campamentos, el 75% de las personas indicaron que han perdido la mitad de su ingreso o más. Asimismo, datos preliminares recogidos por Techo-Chile y Fundación Vivienda a mayo de este año indican un aumento importante de campamentos post estallido: solo en la comuna de Temuco se han formado 20 nuevos campamentos; en San Antonio se han formado 11; y Osorno ha registrado un aumento de 6. Todas estas cifras han sido pesquisadas con posterioridad al catastro oficial del 2019.
Sin duda, la pandemia tendrá un impacto en el aumento de campamentos en Chile, ya que existe una relación estrecha entre el surgimiento de este tipo de asentamientos y las dificultades económicas que limitan el acceso a una vivienda formal. Según datos del Catastro Nacional de Campamentos (2019), los problemas económicos de las familias han sido los principales detonantes de su crecimiento. El 52,6% de las familias indican que llegaron a vivir al campamento por motivos económicos, tales como el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la cesantía.
En definitiva, la presencia de estos asentamientos responde a una característica sistémica de las ciudades segregadas que habitamos, y no basta abordar intensamente el fenómeno de los campamentos si la política pública poco se hace cargo de los problemas estructurales que subyacen a los temas de vivienda y ciudad. Se debe considerar, además de la construcción de viviendas y la agilidad en la solución, la diversificación de mecanismos y de actores, avanzando hacia una mayor descentralización funcional y territorial. Las políticas que se levantan desde el gobierno central deben dialogar con las particularidades locales, promoviendo la participación real y efectiva de las comunidades en la construcción de su propio hábitat.
La pandemia que atravesamos debe ser un momento para repensar la forma en que estamos construyendo nuestras ciudades, enfrentar la persistente desigualdad y avanzar en la construcción de ciudades más justas. Actualmente nos encontramos próximos a un proceso de cambio constitucional, este nos brinda la oportunidad para dialogar y reflexionar colectivamente sobre la importancia del reconocimiento de la vivienda como un derecho social, que consagre la vivienda no solo como un espacio individual sino como un lugar en la ciudad. Es hora de mirar más allá de las cifras.
