La reforma previsional debe dar un giro

En su afán por lograr que la reforma previsional se apruebe lo antes posible en la Cámara de Diputados, el gobierno ha introducido por estos días una serie de cambios estructurales a su propuesta, entre ellos, una modificación sustancial en la forma como se distribuirán los seis puntos de cotización adicional que se proponen. Así, y haciéndose eco de una propuesta de la Democracia Cristiana -a la que se ha sumado Demócratas, el PDG e independientes-, el Ejecutivo ahora propone que tres puntos se destinen a cuentas individuales, y otros tres para financiar un seguro social que sobre todo apunta a aumentar las pensiones de los actuales jubilados, abandonando su fórmula del “1%-2%-3%” que había lanzado recién en diciembre.

A última hora el gobierno también acogió una propuesta impulsada desde el PPD, modificando la estructura de tablas de mortalidad e introduciendo un seguro de longevidad, cambios que ciertamente requerirían una mayor evaluación de sus pros y contra, pero dada la premura con que se está legislando esta reforma, parece imposible que ello pueda darse.

Entre varias otras aprensiones, sigue en pie la real conveniencia de crear un Inversor de Pensiones del Estado -cabe no minimizar las advertencias que algunas voces expertas han hecho, en orden a que el Estado podría terminar siendo con el tiempo el gran administrador de los fondos de pensiones- o hasta dónde se justifica insistir con destinar todo o parte importante de la cotización adicional a una modalidad de reparto, cuando la evidencia muestra que la Pensión Garantizada Universal (PGU) va a lograr dar una buena base de pensión, sobre todo a los sectores más vulnerables.

Es un hecho que el gobierno está haciendo un astuto juego político, porque con estas cesiones previsiblemente se encamina a lograr los votos suficientes en la Cámara Baja para la aprobación de esta reforma -luego pasará al Senado-, además de buscar réditos con la noción de que se está poniendo fin a las AFP; ello, sin embargo, no solo está siendo a costa de sacrificar un indispensable y mejor debate técnico, sino además prescindiendo de los votos de la oposición, que en general se ha mostrado contraria a la fórmula del Ejecutivo y donde ya hay sectores que derechamente acusan que se está “pasando máquina”.

A la luz de cómo se está desarrollando la discusión legislativa de esta reforma, complicándose cada vez más, se están diluyendo los aspectos más básicos de lo que debería ser el objetivo central de estos cambios: asegurar mejores pensiones para el futuro y aumentar las actuales jubilaciones, sobre lo cual hay un amplio diagnóstico compartido como sociedad.

Siendo urgente abordar esta realidad, es importante que cualquier reforma no ponga en riesgo los pilares más fundamentales del sistema previsional, como es el principio de la capitalización individual, ni tampoco desincentivar la formalidad laboral, porque con ello solo se logrará desfinanciar el sistema y a la larga implicará menores pensiones. El gran problema que tiene la propuesta del Ejecutivo es que, además de dispersarse en discutibles cambios estructurales que parecen tener como único fin eliminar a las AFP, al establecer fórmulas de reparto hay un alto riesgo de que ello termine convirtiéndose en un impuesto al trabajo, lo que podría aumentar la informalidad.

Es a la luz de esto que la discusión sobre la reforma previsional debería dar un giro y apuntar a una solución efectiva a las bajas pensiones, pero sin las distorsiones de la actual reforma. La mejor manera de lograrlo sería destinar toda la cotización adicional con cargo al empleador a las cuentas individuales, con lo cual se aborda de manera efectiva el monto de las futuras pensiones, en tanto que para mejorar las actuales jubilaciones debería pensarse en impuestos generales, eliminando el perverso impacto de un impuesto al trabajo. Es importante recalcar que para el caso del aporte adicional no necesariamente tendrían que ser los seis puntos que propone el gobierno; un nuevo cálculo -a la luz de la PGU y otras variables- debería actualizar cuántos puntos más de cotización se requieren para lograr un determinado objetivo previsional.

Aun cuando la idea de nuevos impuestos pueda despertar rechazo en sectores de la oposición, es necesario abrirse a este debate, porque es un hecho que los recursos fiscales no alcanzan para financiar aumentos de la PGU. El detalle de cuál sería la fórmula tributaria adecuada no es sencillo, pero debe pensarse en impuestos cuya carga se distribuya en toda la sociedad, de modo que no termine recargándose a los mismos sectores de siempre y que ya soportan el mayor peso de la carga tributaria. Es equivocado suponer que todos los asalariados son “ricos”, o que bajo el principio de que “los que más tienen deben aportar más” entonces se pueden justificar infinitas alzas de impuestos sobre dichos sectores.

En tal sentido, es lamentable que en el debate público se haya descartado de antemano la idea de pensar en un aumento moderado del IVA para incrementar las pensiones, algo que está lejos de ser regresivo. Esto porque si bien las personas de menores ingresos podrían contribuir una mayor proporción de su ingreso en el corto plazo, en el futuro recibirán como pensión mucho más de lo que hoy aportan. Visto de otro modo, por cada peso que hoy aporten en IVA, una vez jubilados lo recibirán multiplicado varias veces. Lo concreto es que más allá del mecanismo en particular, lo importante es abrirse a estudiar fórmulas que combinen la capitalización con un robusto pilar proveniente de rentas generales, y mientras antes se haga, mayor será el rédito para los futuros pensionados.

Es por ello que resulta desafortunado que la ministra del Trabajo haya calificado como “falta de empatía” la idea de financiar mejoras de pensiones con impuestos generales -idea que sugirió la Asociación de AFP-, porque con ello se está anticipando escasa disposición a un debate más técnico y menos ideologizado.