Por Ramón López, profesor titular FEN, Universidad de Chile; director ejecutivo del Instituto de Economía Política y Social (IEPS)
¿Qué es la renta económica? Es el exceso de ganancia del capital por encima de su retorno normal. Ejemplo: el Sr. Chile tiene una mina en su propiedad. ¿Cuánto puede cobrarle a un inversionista por el derecho exclusivo a su explotación? Considerando que la tasa de retorno del capital después de impuestos fuera de la propiedad del Sr. Chile es 10% anual, la inversión requerida para la explotación es de US$ 1.000 anuales, el retorno del capital en la mina es de un 30% anual después de impuestos, excluyendo el impuesto específico (similar al retorno que hemos estimado de la gran minería en Chile); el inversionista obtiene afuera US$ 100 y US$ 300 explotando la mina. La renta económica de esa mina es US$ 200 por año (300-100): la diferencia entre lo que retorna la inversión en la mina y el retorno del capital afuera. Estos US$ 200 equivalen al valor del recurso minero que se extrae.
Ahora, si el Sr. Chile cobra el 10% de la renta económica, US$ 20, (aproximadamente lo que cobra Chile como impuesto específico o “royalty”), el inversionista obtiene un retorno neto por su capital de US$ 280 anuales (US$ 300-US$ 20), US$ 180 por encima de los US$ 100 que puede obtener afuera. Invierte feliz.
Pero, ¿qué pasa con la inversión en Chile si el vecino, Sr. Perú, decide no aplicar ningún cobro y permite que un inversionista se lleve toda la renta? El inversionista en Chile aún estará feliz con su retorno; pero si aun así decide no invertir, habrá muchos inversionistas interesados en obtener un retorno de US$ 280 por sus US$ 1.000, dado que tienen un costo de oportunidad de solo US$ 100 anuales. La inversión en la propiedad del Sr. Chile no se afecta.
¿Cuánto más puede cobrar Chile sin que el inversionista desista? Hasta un poco menos de US$ 200, ya que el inversionista todavía obtendría una tasa de retorno superior al 10%.
Si Chile decide cobrar un royalty por casi toda la renta económica: US$ 195 anuales, y además se obliga a preservar el valor de su patrimonio, debe invertir esa recaudación en otros activos para así compensar la pérdida del mineral: fondos soberanos, educación, salud, activos tecnológicos (I+D) o ambientales.
Pero vayamos a los números reales. Hay efectos positivos adicionales al pago de royalty, como la diferencia entre los salarios del sector y el salario medio de los trabajadores y proveedores en el resto de la economía (entre US$ 900 y US$ 1.100 millones), beneficios en términos de tecnologías e I+D (estimados en US$ 500 millones), y efectos ambientales que generan pérdidas estimadas en US$ 300 millones. Los beneficios netos que aporta la gran minería privada a Chile serían de US$ 1.300 millones (1.100+500-300) más la recaudación del impuesto específico o royalty, US$ 700 millones en un buen año. En total US$ 2.000 millones anuales.
Sin embargo, las rentas económicas estimadas en nuestros estudios en un año normal son US$ 10.000 millones, que equivalen al valor económico del cobre extraído. Por lo tanto, el patrimonio de Chile se reduce cada año en US$ 8.000 millones (10.000-2.000).
¿Lecciones? La renta económica es el exceso de ganancia del capital por encima de su retorno normal. Si el Estado cobra una parte significativa de esa renta, los incentivos para invertir no se afectan, por lo que abstenerse de cobrar la renta no solo implica dejar de ganar, sino reducir el patrimonio de Chile. Para evitar la pérdida patrimonial es vital invertir la recaudación extra en otros activos productivos.
Es decir, existe la necesidad imperiosa de implementar un royalty que recaude mucho más que el actual impuesto específico a la minería.
