La responsabilidad política del ministro Montes

El caso de los líos de plata ha vuelto a golpear fuertemente a La Moneda, a raíz de nuevos antecedentes que se han conocido y que dejan al descubierto la desprolijidad con que el Ministerio de Vivienda (Minvu) ha manejado este caso, lo cual hasta el momento ha implicado la salida de la subsecretaria de Vivienda, los seremis de Antofagasta, El Maule y O’Higgins, y ahora último de Ricardo Trincado, quien oficiaba como jefe del Programa de Asentamientos Precarios, justamente la unidad responsable de los programas que se suscribieron con fundaciones y que dieron pie al escándalo. Según se reveló, Trincado emitió un informe en que destacó la “proactividad” del exseremi de Antofagasta, sin alertar de los problemas detectados al ministro Carlos Montes.

No menos controversial ha resultado el hecho de que una tía del jefe de asesores del Segundo Piso, en su calidad de ex directora del Programa de Asentamientos Precarios, instruyó al exseremi de Antofagasta para que acelerara una serie de convenios que hoy son indagados por la justicia. Ello no sólo ha reabierto los cuestionamientos al gobierno en orden a que el instructivo presidencial de impedir la contratación de parientes parece ser letra muerta, sino que reavivó las críticas al Minvu por el desgobierno que parece reinar en este ministerio, donde cada semana parece surgir una nueva polémica.

Todos estos hechos han vuelto a poner la mirada sobre la responsabilidad política que cabe al ministro Montes, quien está poniendo en duros aprietos al gobierno y en particular al Presidente, no solo ante su negativa de abandonar el cargo y aceptar las responsabilidad que le cabe como cabeza de dicho ministerio, sino porque además en los últimos días Montes parece haber iniciado una ofensiva para autoblindarse en el cargo, con lo cual el costo político que tendría para el gobierno una eventual remoción ahora es mucho mayor, lo que probablemente muestra el error de no haber hecho efectiva la responsabilidad política mucho antes.

El hecho de que el ministro haya salido con megáfono en mano a saludar a un grupo de manifestantes que se congregó para brindarle su apoyo -por cierto que ello ha levantado suspicacias en cuanto al grado de espontaneidad de dicha manifestación- es no solo un hecho inédito, sino que parece ir en la línea de levantar un cerco en torno a su figura. En las frases que dirigió a la multitud quedó claro que la responsabilidad por estas irregularidades las deslinda en terceros. “Quiero decirles con mucha claridad que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas”, fue parte de lo que dijo en dicha ocasión.

A Montes no solo se le reprocha su falta de atención y diligencia respecto del caso de Democracia Viva, sino que también la falta de control en el Ministerio para haber desplegado elementales fiscalizaciones a los numerosos convenios que se firmaron a lo largo de todo el país, decenas de los cuales están siendo objeto de investigaciones judiciales y administrativas, incluso en algunos casos constituyendo abierta corrupción, como lo ha reconocido el propio gobierno. De hecho, y tal como informó este medio, los líos de plata también han llegado a la Región Metropolitana, cuestionándose convenios por unos $ 1.800 millones. También resulta reprochable que recién ahora Montes haya hecho valer la responsabilidad de Trincado, en circunstancias que era evidente que su continuidad debió haber sido evaluada apenas quedó clara la magnitud del escándalo con los convenios.

Frente a la ciudadanía resulta inentendible que ante este cúmulo de desaciertos la cabeza del Ministerio aparezca marginada de cualquier responsabilidad, enviando con ello una señal muy contradictoria respecto de lo que el propio gobierno ha declarado, en cuanto que nadie será protegido y las responsabilidades se harán valer “caiga quien caiga”.

Ahora La Moneda y los partidos que han cerrado filas en torno a Montes deberán analizar hasta dónde será prudente seguir dilatando una decisión respecto del ministro, pues la lentitud en este tipo de decisiones terminará afectando aún más al gobierno y desconcentrándolo de todas las otras tareas urgentes, no solo las de este ministerio.