La responsabilidad público-privada en el apagón total

La caída del suministro eléctrico que afectó el martes pasado al 90% de la población del país y que se extendió desde Arica hasta la Región de Los Lagos ha pasado a ser el peor evento de este tipo desde 2010, cuando tuvo lugar el devastador terremoto que afectó la zona centro-sur. La diferencia es que sin mediar esta vez catástrofes naturales, una cadena de fallas en el Sistema Nacional de Electricidad provocaron un apagón total que se prolongó por más de seis horas, generando un caos que además obligó a la autoridad a decretar Estado de Catástrofe y toque de queda.

Es admirable la disciplina con la que millones de ciudadanos enfrentaron este inesperado caos, lo cual evitó que esta caótica situación pudiera devenir en situaciones mucho más graves, pero ello no borra la indignación que sigue latiendo en toda la población, que justificadamente exige respuestas y hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, sobre todo ante el colapso del transporte, el caos vial, la paralización de las actividades productivas y las dificultades para mantener en pie las comunicaciones.

El país ha podido comprobar de primera mano las consecuencias de una falla masiva del suministro eléctrico, efectos que se ven dramáticamente potenciados a raíz de la fuerte interdependencia que hoy tiene la sociedad con la energía eléctrica. Y el balance que la ciudadanía ha extraído a partir de este episodio resulta particularmente preocupante, porque ha expuesto las vulnerabilidades que presenta el país tanto para prevenir que una catástrofe como esta ocurra, como para enfrentar la emergencia una vez que se desata, todo lo cual deja una sensación de inquietante desamparo. Dado que no es posible descartar que contingencias como esta vuelvan a ocurrir -a los constantes riesgos de catástrofes naturales que enfrenta Chile, se suman eventos climatológicos cada vez más extremos- es fundamental extraer las lecciones de lo que ha sucedido y a partir de ello diseñar planes para su corrección.

Ciertamente que la responsabilidad de las empresas a cargo del sistema eléctrico debe ser despejada pormenorizadamente, porque es evidente que han quedado expuestas graves fallas de coordinación o capacidad para velar por el adecuado funcionamiento de los sistemas, pero asegurar que el país pueda mantener lo mínimo de los servicios esenciales durante un corte de energía, que evite llegar a un colapso total, es tarea de las autoridades. De allí que el intento del gobierno por tratar de encapsular esta crisis en el rol que le cupo a las empresas supone escabullir las tareas que son de su competencia y que también han quedado al debe en esta crisis.

En lo inmediato, fundamental resulta despejar los aspectos técnicos que han llevado a esta ominosa falla. Tempranamente se identificó que el problema se produjo por la desconexión de la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, entre Vallenar y Coquimbo, lo que a su vez repercutió en la línea Cardones-Polpaico -ambas a cargo de la empresa ISA Interchile-, provocando el apagón. Pero a partir de ahí se ha generado toda una nebulosa, pues Interchile ha señalado que en 40 minutos logró resolver el problema, pero que producto de incapacidades de otros operadores no fue posible volver a energizar la red, con fallas en los sistemas remotos. El Coordinador Eléctrico Nacional ha reprochado que ese tiempo fue excesivo, en tanto que generadoras y transmisoras a su vez han cuestionado el rol que el propio Coordinador jugó en la crisis, criticando la falta de información oportuna a los actores del sistema.

El Ministerio de Energía, por su parte, también ha apuntado a la lentitud de al menos tres generadoras para suplementar energía a tiempo. Sigue en pie la duda de por qué si el plan de recuperación de energía se actualizó el año pasado, la capacidad de respuesta tomó tantas horas, y será necesario despejar hasta dónde el retraso en la implementación del Plan de Defensa contra Contingencias Extremas instruido hace algunos años por el Coordinador a transmisoras en la zona norte, pudo haber incidido en esta crisis.

Una discusión posterior debería evaluar si el actual marco regulatorio es lo suficientemente adecuado para asegurar el buen funcionamiento del sistema, no solo para anticiparse a las fallas, sino sobre todo para asegurar una rápida reposición del suministro.

Es la oportunidad también para examinar las capacidades de transmisión con que hoy cuenta el país. Se debate si acaso el retraso que existe en líneas ya proyectadas pudo haber sido un factor que contribuyera a retardar el pronto retorno de la energía, pero independientemente de ello es evidente que el país no puede seguir dándose el lujo de retrasar obras que son fundamentales. La excesiva permisología está llevando a que obras fundamentales para reforzar la infraestructura de energía -algo crítico no solo para apuntalar la seguridad del sistema, sino también para cumplir con las exigentes metas de descarbonización que se ha impuesto el país- estén enfrentando cada vez más dificultades; es el caso del trazado Kimal-Lo Aguirre -que va de Antofagasta a Santiago- el cual requerirá tramitar del orden de cinco mil permisos ambientales, lo que hace improbable que pueda estar en funciones para 2029. Es tarea del gobierno promover los cambios que permitan agilizar las tramitaciones.

La autoridad debe abocarse también a replantear los sistemas de respaldo con que hoy se cuenta para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos, los que no parecen estar en sintonía con el concepto de “ciudad inteligente”. En Santiago resultó evidente la necesidad de disponer de más semáforos que cuenten con capacidad de autoabastecerse en caso de apagones, al menos en las avenidas principales, para reducir los atochamientos. En el caso de la telefonía, la autonomía de las antenas de segundo nivel no resulta suficiente para resistir cortes prolongados, y dado que ante un apagón el Metro queda fuera de servicio, afectando a millones de personas, los planes de contingencia para el transporte en superficie deberían reevaluarse a la luz de esta reciente experiencia; lo propio debería ocurrir en relación con el suministro de agua potable, sobre todo si la emergencia se prolonga por varias horas. Todo esto previsiblemente redundará en mayores costos, pero es una inversión que el país necesariamente debe hacer.