Esta semana se ha dado una gran paradoja en la Convención Constitucional, pues para efectos de preservar el quórum de dos tercios con que deben ser aprobadas las normas de la nueva Constitución, se optó expresamente por violar lo que manda la Carta Fundamental, al resolverse -con el voto en contra de los convencionales de derecha- que las normas de votación contenidas en los futuros reglamentos se aprobarán por simple mayoría, pese a que el mandato constitucional indica que ello debe hacerse también por dos tercios.

Han sido varios los convencionales que se han felicitado por este resultado, porque según manifiestan, es la única forma en que se podía asegurar la viabilidad política del quórum de dos tercios para escribir la nueva Constitución. Se optó entonces por esta fórmula -en la cual participaron convencionales del Frente Amplio, colectivo socialista, No Neutrales, la DC y otros independientes- como forma de salir al paso de los intentos del Partido Comunista, la ex Lista del Pueblo (LdP) y representantes de pueblos originarios, que rechazan la fórmula de los dos tercios por estimarla como una imposición fruto de presiones ilegítimas. Puesto que este núcleo conforma más del tercio de los votos, se temía que si ciertas normas de los reglamentos se votaran por los dos tercios -en particular el artículo 94 del Reglamento General de la Convención, en que señala que una norma constitucional será aprobada sin más trámite si logra obtener el voto favorable de los dos tercios-, podría eventualmente haber sido bloqueado por los grupos extremos, abriendo un conflicto muy complejo para la Convención.

Bajo este mecanismo -aseguran sus promotores- se facilitará que la norma relativa a los dos tercios se apruebe sin dificultad, preservando así uno de los pilares del mandato constitucional. Algunas voces de la Convención -tal es el caso de su presidenta- han reconocido que esto se hizo así para legitimar políticamente esta regla frente a la ciudadanía, de modo de zanjar el asunto e impedir que el quórum de dos tercios siga siendo cuestionado. Dado que la nueva Constitución se escribirá a partir de una “hoja en blanco”, era importante -se insiste a modo de justificación- sostener la regla de alto quórum para su redacción, porque ello fuerza a acuerdos amplios.

A lo largo del debate que tuvo lugar el día martes en el pleno de la Convención, se pudo percibir que la mayoría está convencida de la necesidad de sostener la regla de los dos tercios, lo que desde luego es una señal favorable. Pero es inevitable cuestionarse si para lograr ello era necesario pagar el precio de incurrir en una inconstitucionalidad, con el grave precedente que ello implica, y porque además deja ahora al proceso constitucional más inestable, ya que a futuro las reglas podrían volver a ser cambiadas, recurriendo solo a mayorías transitorias. Cabe tener presente que en las propuestas de reglamentos también están contempladas controversiales figuras como los plebiscitos dirimentes -ajenos totalmente al espíritu y letra del proceso- o la posibilidad de que las consultas indígenas sean vinculantes para la Convención, todo lo cual podría ser aprobado por simple mayoría.

La preservación de la regla de los dos tercios no depende de la voluntad de los convencionales, sino que forma parte de las normas ya establecidas en la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente, y que a su vez fue fruto del gran acuerdo político de noviembre de 2019, donde ya ahí se plasmó la “hoja en blanco” y la regla de los dos tercios, tanto para el reglamento de votación como para la aprobación de las futuras normas constitucionales. Fue con esa información que los votantes concurrieron al plebiscito constitucional de octubre pasado; de allí que cuando se busca mañosamente alterar las reglas, como lo intenta una y otra vez el PC y sus aliados, o cuando para preservarlas se recurre a métodos poco “ortodoxos”, es inevitable que ello dañe la imagen del proceso y alimente la desconfianza ciudadana sobre la Convención, algo que de hecho ya está empezando a suceder, conforme lo muestran recientes estudios de opinión.

Es demasiado lo que aquí está en juego -es la salida que el país definió democráticamente para superar la grave crisis institucional y de violencia que se desató hace casi dos años-, y por ello no hay margen para maniobras irresponsables que pongan en riesgo este proceso o suponer que es inocuo relativizar las reglas constitucionales. Si producto de la acción de ciertos grupos de la Convención se hubiese bloqueado la regla de dos tercios, ello habría implicado una abierta infracción de procedimiento, de la que se puede reclamar ante la Corte Suprema. Para ello se requiere la concurrencia de a lo menos un cuarto de los convencionales, número que Chile Vamos por sí solo no tiene, pero que se habría alcanzado con holgura si también se hubiesen plegado todos los sectores que defienden la intangibilidad de esta regla. Es necesario interrogarse por qué no se optó por ello, pues por esa vía también se habría asegurado el pleno respaldo al quórum de dos tercios, pero de forma constitucional, evitando el escenario que tenemos ahora, en que si bien se logró el objetivo, se hizo de forma inconstitucional.

Pese a esta compleja señal que se ha dado desde la Convención, hay ciertos hechos ocurridos esta semana que por su profundidad decantan el escenario político en múltiples planos. El acuerdo general en torno a los dos tercios es, en sí mismo, una señal, y en ello se ha conformado un amplio eje que abarca desde sectores de derecha y todo el arco de centroizquierda, hasta el Frente Amplio. Finalmente parece que va tomando forma una mayoría al interior de la Convención, en torno a la cual se articularán los grandes acuerdos, relegando al Partido Comunista, LdP y pueblos originarios a una suerte de minoría, pero con potencial poder de veto. Este es un signo interesante, porque a partir de esta semana la Convención finalmente parece empezar a trazar un rumbo, mostrando un grado de conducción que busca tomar distancia de los extremos.

También es un hecho que el FA está separando aguas del Partido Comunista, lo que abre interrogantes de cómo ello repercutirá en el pacto que ambos grupos mantienen para la contienda presidencial y parlamentaria.