La salud pública y las listas de espera

Dentro del ámbito de la salud pública, reducir las listas de espera ha sido un constante desafío, tarea donde a lo largo del tiempo se observan avances y retrocesos. El Presidente Gabriel Boric se ha puesto metas exigentes, confiando que al final de su gobierno los tiempos de espera para una cirugía se puedan ubicar en la media de los países OCDE.

Los informes del propio Ministerio de Salud indican que al cierre del primer trimestre hay alrededor de 2.800.000 casos en espera, donde el 88% corresponde a consultas nuevas de especialidad y el 12% a intervenciones quirúrgicas. La autoridad ha indicado que los tiempos de espera se han reducido en los últimos dos años, detectando un leve incremento en el primer trimestre de 2024. A su vez, ha señalado que hay un retraso GES del 7%, con un 92% de cumplimiento de las garantías.

Una mirada más cruda es la que ofrece el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, pues según un reciente informe -que fue recogido por este medio- a fines del primer trimestre de 2018 la cantidad de oportunidades GES postergadas era del orden de 10.300, mientras que en igual período de 2024 la cantidad había aumentado a más de 82 mil, es decir, se observa un retraso en las prestaciones que ha aumentado en siete veces.

Respecto de las patologías retrasadas, el informe alerta especialmente en lo referido a ciertos tipos de cáncer; esto porque si a mediados de 2018 había más de 2.800 enfermos esperando ser atendidos, seis años después esta cifra subió a 18.188, configurando un aumento del 541%.

Más allá de los avances que se han producido en acortar los tiempos de espera, así como los intentos por reducir el número de pacientes aguardando una atención, es claro que los números actuales no pueden considerarse satisfactorios, porque siguen siendo demasiadas las personas que esperan por una atención o una cirugía. Esto en el contexto donde ha existido un aumento presupuestario para abordar las necesidades en salud, y aun así continúa produciéndose esta brecha.

Desde luego, quienes están en listas de espera inevitablemente ven deteriorada su calidad de vida y es posible que su problema de salud incluso pueda agravarse; pero más delicado es que estos retrasos ocurran en el caso del GES, donde el Estado se compromete a un tratamiento garantizado y en plazos concretos. Este incumplimiento es una grave falla en nuestro sistema de salud, y no deja de ser alarmante que miles de personas fallezcan esperando su atención AUGE. En 2022 se registraron más de 5.400 casos, un aumento de 41% respecto al número de pacientes registrados el año anterior.

Es fundamental multiplicar los esfuerzos en gestión, porque probablemente esa es la causa fundamental de que sigamos con altos niveles de retraso. Mayor uso de los pabellones quirúrgicos, contratación de especialistas o derivaciones al sector privado son medidas que se han venido aplicando, pero que claramente deben ser reforzadas. Resulta evidente que en la medida que las garantías GES se sigan incumpliendo aumenta el riesgo de que estos casos terminen judicializándose, con lo cual caeríamos en el riesgo de que las políticas públicas acaben resolviéndose en los tribunales, generando así un fuerte desorden.