Actualmente se plantea la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal adolescente para resolver el aumento de delitos violentos cometidos por menores en contexto de los problemas de inseguridad. Esta solución invisibiliza problemas estructurales que, si fuesen abordados, tendrían mayor impacto tanto en la vida de niños, niñas y adolescentes como en el tejido social.

Problemas como la deserción escolar (con más de 931 mil estudiantes con inasistencia grave y otros 47.500 que abandonaron el sistema solo en 2024), el consumo problemático de drogas, la situación de calle y la migración no acompañada, ocurren en contexto de un sistema de protección colapsado. Esta vulnerabilidad es aprovechada por el crimen organizado, que recluta menores ante la ausencia de políticas públicas eficaces.

El problema es sistémico. La infancia y adolescencia se abordan desde el Estado de manera fragmentada, con una débil protección social, pese a los principios establecidos por la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez. La pobreza actual intensifica la exposición a riesgos, en una cultura donde el éxito se mide por el consumo de bienes costosos.

La revisión de las historias de adolescentes infractores revela que muchos fueron invisibles para el sistema o no recibieron una protección adecuada. Aunque no todos los niños vulnerados delinquen, sí es frecuente que quienes cometen delitos hayan vivido experiencias previas de violencia, abuso o abandono. Reducir la edad penal no disminuirá la delincuencia; lo realmente eficaz es una respuesta integral, fortaleciendo la protección social y elaborando políticas públicas eficientes.

Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que la edad penal mínima debe ser al menos de 14 años. A Chile, le recomendó evitar medidas regresivas y, por el contrario, fortalecer la justicia especializada. En respuesta, se creó el Servicio de Reinserción Social Adolescente y se reformó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Ello representa un avance, pero es preciso que dicho servicio se vincule y articule en la práctica con todas las instituciones del Sistema de Protección Integral y que, a su vez, dichas instituciones respondan. La experiencia internacional también apunta en otra dirección. Escocia elevó en 2019 la edad penal mínima de 8 a 12 años, y España, por ejemplo, la fija en 14 años.

Insistir en reducir la edad penal es una “solución” que no resuelve. Cuando el problema es estructural y multifactorial, una diferencia de dos años no cambiará la realidad. Lo que se requiere es una mirada integral: detección oportuna de riesgos, protección efectiva y fortalecimiento del rol familiar. La falta de respuestas estatales eficientes es el problema de fondo, ver esto permitiría avanzar, y a la vez cumplir con los estándares internacionales de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por Ester Valenzuela, directora del Diplomado de Derechos de Infancia y Adolescencia UDP, y Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP