La Superintendencia de Educación Superior

SEÑOR DIRECTOR

La crisis y cierre de la Universidad del Mar causó un impacto significativo en la percepción del marco normativo de la educación superior. Es un hito que derivó en consecuencias negativas y positivas para el sistema que coexisten en la Ley de Educación Superior, que empezará a regir en mayo de este año.

Entre las negativas - dejando fuera el trance que debieron vivir los estudiantes-, la más lesiva es la desconfianza que se arraigó en parte de la clase política, materializándose en el exagerado marco regulatorio que hoy nos rige y que, a opinión transversal de rectores, restringe la necesaria autonomía universitaria.

Entre las consecuencias positivas está la creación de la Superintendencia de Educación Superior, facultada para prever, adelantarse y sancionar cuando una universidad es incapaz de asegurar su continuidad o incurre en fines que no le son propios.

La implementación de la ley y, en particular, de la Superintendencia está en un momento clave. Se debe recoger lo bueno y, en lo posible, aplacar lo malo. El nuevo ente fiscalizador debe entrar en régimen con reglas claras, conocidas y aplicables a todas las instituciones, estatales y privadas. Debe enfocar su fiscalización a obtener y monitorear información e indicadores clave, identificar señales de riesgo y actuar de forma preventiva y colaborativa con las instituciones, evitando burocratizar u hostigar a las instituciones con una mirada punitiva, homogeneizadora y estatista.

Todo esto es fácil de decir: la dificultad es materializarlo. Para ello, urge profundizar las instancias de colaboración entre Estado e instituciones.

Daniel Rodríguez

Director Ejecutivo de Acción Educa