La “tormenta perfecta” en educación

Las cifras de deserción escolar que recientemente dio a conocer el Ministerio de Educación son muy desalentadoras, porque grafican en toda su magnitud un problema social de primer orden, pero que sin embargo no parece encontrar la urgencia que ello demandaría. Conforme con el catastro de la autoridad, más de 50.529 menores dejaron de matricularse este año en todos los niveles y modalidades, cifra que es 24% superior a lo registrado en 2019, esto es, antes de que se desatara la pandemia, pero también excede lo registrado en 2020.

El dato es en sí impactante, pero debe colocarse en un contexto más amplio, considerando que la cantidad de niños y adolescentes que desertaron del sistema escolar entre 2014 y 2021 supera los 227 mil. Es decir, el sistema ya arrastraba un problema complejo, que tras la pandemia no hace sino agravarse. La evidencia sugiere que, una vez que los menores dejan el sistema escolar, volver a insertarlos se torna muy complejo, a lo que cabe añadir el enorme impacto que ello tiene en los procesos formativos, probablemente irrecuperables.

Esta realidad se empalma con otro problema que también genera efectos muy negativos sobre niños y adolescentes: el ausentismo escolar, materia sobre la cual se ha alertado en estas mismas páginas. Los propios datos del Mineduc indican que más de 1,2 millones de escolares presentan un nivel de inasistencia grave -es decir, cuando la asistencia es inferior al 85%-, lo que equivale al 39% de la matrícula total del país, en tanto que unos 148 mil estudiantes presentan tasas de asistencia inferior al 50%. Era previsible que una situación como esta se iba a producir, considerando que el cierre de colegios en nuestro país producto de las extensas cuarentenas fue uno de los más prolongados a nivel mundial -un total de 259 días, según la OCDE-, y por la reticencia de las familias, pero en especial del gremio docente, para recuperar prontamente la normalidad de las clases.

Así, nuestro sistema educacional está cruzado por lo que bien podría denominarse una “tormenta perfecta”: aumento de la deserción, y un alto número de estudiantes que no asiste a clases parcial o totalmente. Una situación como esta requeriría de medidas urgentes y asignaciones presupuestarias extraordinarias, pero ello no ha sido así. Los planes de acción del Ministerio de Educación por ahora se han centrado fundamentalmente en mesas de trabajo y otras acciones específicas para lograr recuperar alumnos o clases perdidas, pero hasta ahora no se advierte ningún plan que vaya acorde con la magnitud del problema. Esto supone una falla grave del gobierno, y considerando el atraso y falta de proactividad que se observa, hay fundadas dudas que de aquí a marzo próximo sea posible contar con un plan robusto.

Es imprescindible que la sociedad tome conciencia del grave daño social que representan procesos formativos incompletos o abandonados. Los menores que no logran terminar sus estudios escolares -un paso fundamental en la vida de cualquier ser humano- aumentan sus probabilidades de no lograr buenas inserciones laborales en la adultez, y por cierto son más susceptibles de caer en la drogadicción o en la delincuencia. Todo ello no hace sino multiplicar las desigualdades sociales, algo que además resulta incompatible con un país que ha declarado su compromiso con la protección de los derechos de los niños.