Por Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia
Fue hace 30 años. En ese momento no se planteó así, pero fue uno de los más poderosos actos de transparencia del Estado conocidos hasta hoy. Se inició cuando el Presidente Aylwin, usando la “potestad reglamentaria autónoma”, le encomendó a un grupo de chilenos, liderados por Raúl Rettig, conformar una comisión para establecer la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Después de nueve meses de trabajo, y previo al descanso estival, le entregaron seis extensos tomos al Presidente, con el informe terminado.
El día 4 de marzo de 1991, cuando todos volvíamos a nuestras labores, en lo que debe ser la cadena nacional más transcendental de los últimos 30 años, Aylwin dio a conocer el informe al país: “La verdad fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denunciaban, otros -que sabían- las negaban y quienes debieron investigarlas no lo hicieron (…) En nombre de la Nación entera, pido perdón a los familiares de las víctimas”.
Fue transparencia como un acto de Estado. Recopilar, analizar, evaluar y difundir información relativa al accionar de agentes del Estado en los actos de lesa humanidad ocurridos en Chile en el período inmediatamente anterior. No estuvo exento de cuestionamientos y rechazo de sectores políticos, pero principalmente por las Fuerzas Armadas. Éstas concurrieron a la convocatoria de la octava sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) donde expresaron su rechazo frontal al Presidente Aylwin.
Todo quedó consignado en las Actas del Cosena, también fuera del escrutinio público por casi tres décadas. Gracias a la Ley de Transparencia se dieron a conocer un puñado de actas primero y luego su totalidad. También en pleno verano, con un sol inclemente, como presidente del Consejo para la Transparencia caminé hasta el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto para revisar estas actas. En un salón cerrado, teléfonos guardados con llave, y la compañía de sus guardianes, leí todas y cada una de las actas para tener la completa certeza de que la publicidad de estos documentos no afectaría a la seguridad o el interés del país. Decidimos entregarlas todas. Por cierto, el Estado Mayor Conjunto, con la venia de Mindef, recurrió a todas las instancias judiciales posibles para revertir la medida. La Corte Suprema avaló la legalidad de nuestras actuaciones y las actas se hicieron públicas.
Todos merecemos conocer la verdad, aunque duela. En una época donde de manera instantánea circula información a raudales, y donde la mentira, las noticias falsas y la información basura tienen una fuerza sorprendente, todos y todas merecemos saber la verdad.
La verdad y la transparencia como un acto de Estado. La verdad, la transparencia, de ayer y de hoy, que se transforma en lo duradero, en esos hitos que forman y construyen las repúblicas. Ad portas de reescribir nuestra Constitución y de pactar como país una nueva convivencia, el Informe Rettig, hace 30 años, abrió el camino para poner a la transparencia dentro de los pilares de nuestra democracia y como punto de encuentro entre los chilenos.
