La violencia se está saliendo de control en La Araucanía

Los graves y reiterados hechos de violencia que han afectado a lo largo de toda esta semana a La Araucanía son reveladores en cuanto a que se ha cruzado un límite que ya puso en peligro la integridad de la población, además de afectar el normal desarrollo de las actividades económicas, algo crítico en una zona que presenta los mayores rezagos socioeconómicos del país.

El atentado que el fin de semana pasado sufrió una familia que viajaba en un camión -donde una menor de edad resultó herida producto de los disparos que recibió el vehículo- muestra con toda crudeza la existencia de grupos dispuestos a atentar en contra de la vida de personas. En los días siguientes numerosos camiones también han sido objeto de ataques con armas de fuego, varios de los cuales han resultado quemados. El jueves en la noche un grupo de cabañas fue incendiado en Curacautín por la violenta acción de desconocidos, a lo que se suma la destrucción de cuatro casas en el Lago Lanalhue, todo lo cual parece indicar que además se ha retomado la estrategia de los ataques a predios particulares.

Esta es la hora de las instituciones del Estado, que están llamadas a actuar urgentemente para frenar esta escalada de violencia que amenaza con descontrolarse y cobrar más víctimas de las que ya cabe lamentar por este largo conflicto. Frente a estos hechos, el país debe tomar conciencia de que el conflicto en La Araucanía dejó de ser un tema local, para transformarse en un asunto que requiere el máximo de atención y prioridad. En ninguna otra zona del territorio nacional se consentiría en que grupos armados siembren impunemente el terror y pongan en riesgo la vida de las personas, destruyan propiedades o impidan el normal desarrollo de las actividades.

Pero pese a la ominosa realidad que vive La Araucanía, abundan las señales de que sigue prevaleciendo una lógica centralista, que prefiere escabullir las responsabilidades que reclama el estado de derecho. En ese orden de cosas, las prevenciones que esta semana hizo el ministro de Defensa permiten poner en perspectiva lo que ahora está en juego. El secretario de Estado señaló que los tribunales de la zona exigen estándares probatorios que no se aplican en el resto del país -aludía a que la Corte de Apelaciones de Temuco levantó la prisión preventiva a personas que fueron sorprendidas portando armamento de alto poder de fuego-, pero además agregó que los fiscales “son agredidos, emboscados con atentados donde se han acribillado vehículos de fiscales, y eso no pasa en ninguna parte, salvo allá”. Sorprende que frente a estos antecedentes no existan mayores reacciones, en especial porque lo que ello refleja es que las instituciones del Estado están encontrando severas dificultades para realizar su trabajo y brindar protección a la ciudadanía.

El gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha condenado estos hechos y ha anunciado querellas en contra de quienes resulten responsables. Pero esta seguidilla de atentados revela que las capacidades de inteligencia de las policías siguen siendo insuficientes, y que la acción de resguardo de los organismos de seguridad se está viendo sobrepasada, lo que sugiere que debe haber un replanteamiento de la estrategia que la autoridad central ha seguido hasta ahora.

La reiteración de atentados y la falta de acción de los estamentos del Estado ha llevado a que un grupo de camioneros esté llevando a cabo por estos días acciones de protesta, con cortes parciales de rutas y eventualmente poniendo en riesgo parte de la cadena de distribución. Los actos de presión que no se enmarcan dentro del estado de derecho deben ser sancionadas -la legitimidad de una demanda no autoriza para que se presione por cualquier medio-, pero es evidente que lo que ha llevado a este reclamo es plausible, y en tal sentido sorprende que numerosos parlamentarios de oposición, que han estado prestos para atender las demandas que han hecho sectores ligados a la causa indígena -también por medio de acciones de presión-, ahora se muestren indiferentes o reacios a recoger las demandas por exigir el restablecimiento del estado derecho. Algunas de estas actitudes zigzagueantes también se han visto en el gobierno.

Tal como se ha indicado en estas páginas, el problema de La Araucanía requiere ser abordado a gran escala, en una amplia solución política, tarea que debe emprender el gobierno, sin esperar el resultado del largo proceso constituyente que se avecina. Pero un requisito insoslayable para cualquier diálogo es que todas las fuerzas políticas del país cierren filas en torno a la necesidad de respetar el orden público y garantías fundamentales del estado de derecho. Ello no puede ser una opción, sino una obligación para el Estado.