Jonas Ebbesson es académico de Derecho Ambiental y Director del Centro de Derecho y Políticas Medioambientales de la Universidad de Estocolmo.
Desde hace más de 35 años, 20 000 toneladas de desechos mineros tóxicos de la fundición Rönnskärsverken en Suecia vienen ocasionando graves daños a la salud y al medioambiente en Arica. Los desechos fueron destinados ahí en 1984-85 y despojados en las afueras de la ciudad. Así, la empresa minera sueca Boliden pudo saltarse las estrictas regulaciones ambientales suecas y también evitar un costoso procedimiento ambiental doméstico. En cambio, Boliden generó un grave problema medioambiental que aún persiste en la zona. Por su parte, el Estado sueco sabía del traslado, pero no hizo nada para detenerlo.
La responsabilidad de Boliden por los daños en Arica fue en 2013-2019 objeto de un extenso proceso judicial en Suecia: la sociedad Arica Victims representando a los afectados versus la empresa Boliden Mineral (yo era uno de los tres representantes legales de Arica Victims). En el juicio, Arica Victims exigía reparaciones para aproximadamente 800 personas por los daños causados por los desechos de Boliden. Dado que la Corte de Apelaciones sueca determinó que las solicitudes de reparación habían prescrito, la responsabilidad por negligencia de Boliden nunca fue examinada por la corte. No obstante, aunque Arica Victims hubiera ganado el proceso judicial contra Boliden, los desechos habrían permanecido en Arica con todos los riesgos que eso implica (según Environmental Justice Atlas, más de 10 000 personas han sido afectadas directa o indirectamente por los desechos).
Mientras que la responsabilidad de Boliden ha generado gran atención, en parte a raíz de los documentales “Toxic Playground” de 2009, y el más reciente “Arica”, que tuvo su estreno en Chile en enero de este año, la responsabilidad del Estado sueco ha quedado en la sombra. Determinante para la responsabilidad del Estado sueco es, por una parte, lo que se le exigía a Suecia al momento del envío de los desechos y, por otra parte, lo que Suecia ha hecho o dejado de hacer. Las reglas y normas vigentes al momento de los transportes de desechos de Boliden le ponían exigencias claras a Suecia.
En primer lugar, era aplicable entonces, como lo es actualmente, la regla fundamental de derecho internacional consistente en que los Estados deben velar por que las actividades que están sujetas a su jurisdicción y control no ocasionen daños en el medioambiente de otros países. En segundo lugar, la OCDE, organización de la que Suecia es miembro, en febrero de 1984 – es decir, antes que se realizaran los transportes – había establecido los “Principios para traslados a través de fronteras de desechos peligrosos”. Según los principios de la OCDE, los países miembros debían exigir que las empresas no realizaran transportes de desechos que no cumpliesen con la legislación vigente. Además debían exigir que las empresas asumieran la responsabilidad del manejo de desechos y, si fuese necesario, la reimportación de los desechos en caso de no poder completar las medidas para un almacenamiento o reciclaje seguros. Los principios de la OCDE se desarrollaron más en la Convención de Basilea de 1989, de la cual Suecia es parte.
El Estado sueco en ningún momento ha actuado en conformidad con estos principios en relación con los desechos en Arica.
Boliden no solicitó ni obtuvo autorización para trasladar los desechos a Chile, pero está bien documentado que Naturvårdsverket (Agencia del Medioambiente sueca) sabía del envío. Naturvårdsverket consideraba a la fundición Rönnskärsverken como la mayor y más problemática fuente de contaminación en Suecia en los años 70 y 80, y sabía cuán peligrosos eran los desechos. Aun así, Naturvårdsverket no hizo nada para prevenir que los desechos fueran enviados a Chile, que en ese tiempo estaba controlado por el régimen militar de Pinochet. Naturvårdsverket tampoco efectuó un control de seguimiento de los desechos tras el envío o cuando la noticia de los daños de salud en Arica generó gran atención en los medios suecos a fines de la década del 90.
Durante casi 15 años, los desechos mineros estuvieron apilados sin protecciones al lado de zonas residenciales en las afueras de Arica. Luego se trasladaron a un depósito “provisorio” a unos cientos de metros de las mismas zonas residenciales. Los desechos todavía están ahí, apenas bajo la superficie y prácticamente desprotegidos, corriendo el riesgo de causar más daños.
Dado que el Estado sueco ha sido pasivo durante todos estos años, en violación de los principios antes descritos de derecho internacional, se justifica ahora exigir que el gobierno se involucre en el asunto.
Es precisamente lo que están haciendo los habitantes de Arica. Durante muchos años, han exigido que Boliden contribuya a reparar los daños; ahora además exigen que Suecia trabaje para retirar los desechos. Por ejemplo, 2700 habitantes han escrito a la embajada sueca en Chile, que ha prometido darles una respuesta.
Paralelamente, yo he estado por más de un año en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente sueco sobre la responsabilidad del Estado de encontrar una solución para retirar los desechos de Arica, y me he reunido con el Embajador de Chile para conocer la posición chilena. En los contactos con el Ministerio sueco de Medio Ambiente y, posteriomente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, he expuesto que el gobierno sueco debe tomar iniciativa para que, junto con Chile y la empresa Boliden, se trasladen los desechos desde Arica. Sería idóneo que los desechos de Boliden, de acuerdo con la decisión de la OCDE y la Convención de Basilea, se lleven de vuelta a Suecia y a la instalación para almacenamiento final de desechos mineros peligrosos que Boliden ha construido en la fundición Rönnskärsverken. Allí los desechos serían almacenados en cavidades rocosas a unos cientos de metros de profundidad, con estrictas exigencias de seguridad, en vez de estar en la superficie.
Los ariqueños llevan esperando más de un año la respuesta de la embajada sueca en Chile, sin éxito. Por otro lado, yo recibí a mediados de enero respuesta de la Subsecretaria de Medio Ambiente y del Subsecretario de Relaciones Exteriores sueco, que sostienen que “no hay necesidad” de discutir la cuestión o de contactar al Embajador de Chile al respecto. La respuesta del gobierno no solo es desalentadora, sino que además está formulada de forma extraña. Según la Subsecretaria de Medio Ambiente y el Subsecretario de Relaciones Exteriores, la razón por la que el gobierno no necesita discutir la cuestión radica en que el tribunal del proceso judicial contra Boliden determinó que las solicitudes de reparaciones habían prescrito. Pero no existe tal conexión entre el proceso judicial y la responsabilidad del gobierno. Primero, no existe una regla de prescripción equivalente en el derecho internacional, y la responsabilidad de Suecia por tanto no está prescrita. Segundo, la responsabilidad del gobierno no tiene nada que ver con las demandas de reparaciones presentadas por Arica Victims contra Boliden, sino que se centra en la prevención de futuros daños a la salud y al medioambiente en Arica.
Lamentablemente, la respuesta del gobierno parece ser sólo una manera cómoda de eludir la responsabilidad. Naturalmente, no influye en la responsabilidad internacional de Suecia qué partidos están conformando el gobierno de turno. Aun así, es sorprendente que un gobierno con los Socialdemócratas y el Partido Verde al frente, quienes hablan fuertemente de solidaridad internacional y de un compromiso global con el medio ambiente, ni siquiera considere que haya “necesidad” de discutir la cuestión o de contactar al Embajador de Chile para encontrar una solución sostenible.
Es difícil sobrestimar los efectos de salud producto de los tóxicos que Boliden envió a Arica. Las personas han estado expuestas a niveles extremos de arsénico, plomo y mercurio, sin poder protegerse. Los ariqueños necesitan ayuda para resolver la multitud de problemas que los desechos de Boliden les han causado. Ahora es cuando Boliden y el gobierno sueco deberían ser ejemplares a nivel internacional y actuar constructivamente apoyando a los afectados y al gobierno chileno para reducir los daños y retirar los desechos.
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