Las FF.AA. y la regulación legal del uso de la fuerza

SEÑOR DIRECTOR:

Inquieta la posición de las Fuerzas Armadas en torno a la regulación del uso de la fuerza en el ejercicio de tareas policiales. Las instituciones militares expresaron en el Congreso su desacuerdo bajo dos argumentos: que no tienen preparación, ni equipamiento para funciones de policía y que la norma desprotege a sus funcionarios al no conferirles prerrogativas especiales en materia penal. Esta postura, no tiene respaldo jurídico ni operativo. Además, este tipo de opiniones sobre temas contingentes deben expresarse a la cartera ministerial como corresponde con instituciones no deliberantes.

Regular el uso de la fuerza es un imperativo para evitar casos tan dramáticos como los ocurridos en La Serena durante la crisis social. Recordemos que un oficial del Ejército ordenó reiteradas descargas de munición de guerra en contra de manifestantes, como consecuencia resultó muerto el joven Romario Veloz Cortez y otras personas quedaron gravemente heridas. Precisamente en estos días empezó el juicio oral en que se deberían determinar las responsabilidades de esos hechos.

El uso de la fuerza está delimitado por los derechos humanos, tal como lo indica el marco jurídico internacional. Los mandos de las instituciones castrenses parecieran no entender que cuando les toca actuar como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, les corresponde ceñirse a esos estándares y no a otros.

El “no” de las Fuerzas Armadas a la regulación legal del uso de la fuerza policial no tiene justificación jurídica ni práctica, y deja en una posición insostenible a quienes sustentan esta negativa.

Rodrigo Bustos Bottai

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile