El paquete económico del gobierno tiene impacto macro (4,7% del PIB más el efecto multiplicador), atiende necesidades reales y muestra coordinación con el Banco Central. Dispone recursos para apoyar las Pymes y mecanismos para proteger empleos e ingresos. Puede no ser suficiente porque el tamaño y duración del shock son impredecibles. Algunos sectores expuestos a restricciones lo pasarán mal. El paquete dispone de financiamiento transitorio a costo cero. Los bancos tendrán que transferir rápido estos beneficios a sus clientes. Siendo globalmente razonable, no podemos descartar que termine siendo insuficiente dado el tamaño del problema. Será crucial la velocidad de su ejecución.
Hay un lado débil: ¿qué hacer con las grandes empresas? Estas se benefician de aspectos como la postergación de PPM, pero ello no va a impedir su quiebra. Si el shock -inesperado y fuera de su responsabilidad- dura mucho, algunas grandes empresas pueden quebrar. Fundamentalistas dirán que es la disciplina de mercado. El caso obligado de conversación en la semana fue Latam. Dirán que si esa empresa, entre otras, se metió en aventuras arriesgadas es su problema.
Así ha sido. La toma excesiva de riesgo ha sido asumida por accionistas y trabajadores. En los últimos años, Latam, Cencosud y otras no han tenido el desempeño estelar que las puso en la primera línea del mundo corporativo nacional. Han debido hacer aportes de capital y buscar socios pues sus estrategias fueron, en alguna dimensión, erradas. El riesgo de quiebra que enfrentan hoy, sin embargo, no tiene que ver con esas estrategias. Los fundamentalistas deben reconocer que la naturaleza de este shock no tiene que ver con aquello que la disciplina de mercado intenta resolver, el riesgo moral.
¿Debe el Estado hacer algo o debe dejar que estas empresas enfrenten solas el riesgo de quiebra? Y si la respuesta es hacer algo, ¿qué debe hacer? Hay un doble interés público en juego: evitar la destrucción de capacidad empresarial y proteger, en este caso, cadenas de valor nacionales.
No hacer nada es una mala opción. A Chile no le conviene que, producto de este shock, estas empresas quiebren. El paquete debe ofrecer soluciones a ellas también. Por el momento las hay solo para empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, éstas dependen de la demanda y el empleo generados por las grandes. Además algunas de estas representan los mejores ejemplos de capacidad empresarial en Chile. La destrucción de cadenas de valor y capacidad empresarial es nociva para el país.
Es necesaria alguna forma de soporte estatal que no sea un cheque en blanco. En el componente financiero habrá un precio, pero me interesa el aspecto político. Para que los votantes estén disponibles a apoyar a grandes empresas se requiere una nueva forma de relacionamiento entre éstas y los chilenos. Es necesario reconstruir la relación entre grandes empresas y ciudadanía. Un país comprometido con sus empresas requiere empresas comprometidas con su país. Según corresponda, deben corregir prácticas anticompetitivas, abuso de consumidores, malas relaciones laborales, pobre diversidad, elusión tributaria, corrupción o poca protección del medio ambiente.
La pandemia deja en evidencia nuestra interdependencia. Ningún chileno está al margen de la ley ni fuera del país. Chile debe estar disponible a apoyar también a grandes empresas si eventos fuera de su control amenazan su existencia. Pero se requiere un nuevo “contrato social” en que las empresas vuelquen su capacidad empresarial a dinamizar la economía innovando, invirtiendo y respetando escrupulosamente las reglas de buena conducta empresarial.
Chile necesita aprender para avanzar. Esta es una oportunidad.
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