Las lecciones del caso Corfo

Los traspasos de recursos desde Corfo al Ministerio de Hacienda por un total de $3,4 billones durante 2023 han desatado un intenso debate tanto en el ámbito técnico como político.

Corfo, como representante del Estado en los contratos de arrendamiento con las empresas privadas productoras de litio SQM y Albemarle ha sido históricamente la entidad encargada de recaudar para el Fisco las rentas derivadas de esta explotación. El fuerte aumento en el precio del litio durante 2022 y 2023 hizo que la corporación percibiera cerca de $5,4 billones por este concepto, mientras que, en paralelo, el Estado registró una caída en otros ingresos tributarios respecto de los proyectados durante el 2023.

Esta menor recaudación llevó al Ministerio de Hacienda a solicitar a Corfo una parte de los ingresos del litio obtenidos en 2023, así como una fracción de los capitalizados en 2022, amparándose en lo dispuesto por el DL 1.263, que desde 1975 regula la administración financiera del Estado. Ésta tiene como objetivo final el uso eficiente de los recursos públicos, y en este caso, la operación resultaba claramente más beneficiosa para el Fisco que recurrir a un mayor endeudamiento para financiar el gasto.

Si bien el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) recomendó en 2022 y 2023 que los ingresos provenientes del litio estuvieran sujetos a una regla fiscal, al igual que otros ingresos tributarios, que obligara a ahorrar aquellos considerados transitorios, Hacienda no la implementó de manera íntegra hasta el presupuesto 2024, pese a compartir la recomendación. Por ello, el 2023 los clasificó como ingresos permanentes para financiar el gasto público de ese año, por lo que difícilmente podrían haber sido destinados al ahorro.

El episodio evidenció que incluso en el ámbito técnico hay confusión sobre la flexibilidad que tiene el Fisco para disponer de los ingresos y el patrimonio de las instituciones que conforman el gobierno central. Sin embargo, la pregunta clave en este contexto no es tanto si el Ejecutivo podía acceder a estos recursos, sino por qué Corfo administraba $5,2 billones, cifra que hoy supera con creces los fondos acumulados en el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES). Es el Fisco, y no Corfo -una agencia cuyo mandato es promover el emprendimiento y la innovación- la entidad con las competencias técnicas, los resguardos financieros y el marco legal para gestionar estos recursos.

Así, la principal lección de este episodio es que Hacienda debió haber atendido oportunamente las recomendaciones del CFA y definir el nivel de gasto del 2023 en función de ingresos permanentes, excluyendo los extraordinarios del litio. Al mismo tiempo, el equipo de Hacienda y Dipres deben fortalecer su capacidad técnica para proyectar los ingresos fiscales y evitar la improvisación en la solicitud de recursos a Corfo.

Las preocupantes desviaciones fiscales en 2024 que anticipan un escenario similar para 2025 hacen evidente, más aún a la luz de lo sucedido, la necesidad de un ajuste en el nivel de gasto. Sin embargo, como ha ocurrido históricamente, es la propia política la que suele bloquear o postergar esta decisión. Ha llegado el momento de concretar un acuerdo político transversal que encauce las finanzas públicas de manera responsable y ponga fin a la práctica de más de una década de trasladar los costos de los ajustes más dolorosos a las futuras generaciones.