Las lecciones que deja el mal manejo del cierre de Ventanas

Cuesta entender cómo la decisión de llevar a cabo el cierre de la Fundición Ventanas -una de las divisiones que posee Codelco- careció de la más mínima planificación y coordinación entre organismos del Estado, sin capacidad de anticiparse a las reacciones políticas y sociales que una medida así inevitablemente generaría. Aun cuando el paro de los trabajadores de Codelco logró bajarse prontamente tras la conformación de una mesa de trabajo para analizar todos los alcances relacionados con este cierre, el episodio ciertamente pone en entredicho la capacidad de gestión del gobierno, siendo este el último de una serie de pasos en falso que se han dado en diversos ámbitos, como por ejemplo la descoordinada forma en que Educación y Salud determinaron adelantar y extender las vacaciones de invierno, o el traspié relacionado con el gabinete de la Primera Dama.

El anuncio de cierre de la fundición Ventanas venía precedido de una serie de eventos medioambientales que días antes habían provocado cuadros de intoxicación entre algunos habitantes de la zona, algo desgraciadamente recurrente allí toda vez que Quintero-Puchuncaví ha sido declarada como zona saturada de contaminantes. Es probable que como una forma de aparecer reaccionando frente a estos hechos y desactivar las críticas tanto al gobierno como a la empresa estatal -está en curso una investigación para determinar el origen exacto de estas emanaciones-, el directorio se haya precipitado en el anuncio de cierre, a pesar de que no había ningún plan comunicacional preparado, como tampoco un plan exhaustivo sobre cómo se llevaría a cabo el fin de las faenas.

La torpe manera en que esto se se hizo queda aún más patente cuando el propio Presidente de la República horas más tarde tuvo que salir a clarificar que ningún trabajador perdería su empleo, y que la medida se justificaba porque “no queremos más zonas de sacrificios”. Con todo, tampoco hubo anuncios concretos de montos que se destinarían a planes de relocalización de trabajadores o de retiro anticipado, ni los plazos en que ello se haría, si bien el Mandatario explicó que el proceso de cierre podría tomar unos cinco años. Es decir, también quedó a la vista que el gobierno fue sorprendido y carecía de un plan estructurado en relación con Ventanas, lo que hace aún más incomprensible lo precipitado de este anuncio.

Esta improvisación sorprende por varios motivos. Desde luego, porque el cierre de la fundición es un asunto que viene tratándose desde hace años, lo que da cuenta de las complejidades que reviste el proceso; por otra parte, para poder concretar el cierre primero se debe cumplir con el trámite legislativo que permita vía ley levantar la obligación que Ventanas tiene -también por mandato legal- de fundir minerales provenientes de la Enami.

Pero por sobre todo, llama la atención que el Ejecutivo no haya sido capaz de anticipar los efectos políticos de una medida así, considerando que se trata de la principal empresa del Estado y con sindicatos poderosos, altamente movilizados. Pretender que bastarían las razones ambientales y frases genéricas de cómo relocalizar trabajadores para aplacar las críticas y evitar un escalamiento político no solo resulta ingenuo, sino revela una falta de comprensión acerca de la naturaleza misma de las empresas estatales, donde las lógicas políticas forman parte de su esencia, y por tanto no había ninguna chance de que esta dimensión no fuera la que terminara prevaleciendo, antes que las razones técnicas o financieras, considerando que Ventanas es una unidad que opera a pérdida. Por lo mismo es que resulta exigible que el Estado hubiese hecho desde el comienzo un buen manejo de este proceso.

El caso Ventanas ha sido en todo caso ejemplificador de una regla inescapable: cuando el Estado decide tener empresas, los problemas que de ellas deriven siempre serán políticos, antes que económicos. Puesto que existe la voluntad a nivel de gobierno como así también en el proyecto de Nueva Constitución de potenciar fuertemente la creación de empresas estatales, cabe tener presente que este tipo de contingencias y pugnas se multiplicarán, lo que será un reto permanente para los gobiernos a la hora de intentar velar por lógicas de gestión y racionalidad económica, sobre todo considerando el creciente poder de veto de los sindicatos, como por lo demás se vio en Ventanas.

En tal sentido, el cierre de Ventanas también deberá hacerse cargo de una pregunta fundamental: a qué costo se hará todo este proceso. El hecho de que sea una empresa estatal no exime al Estado de su responsabilidad de cuidar que los recursos de todos los chilenos sean bien gastados, de modo que las promesas que ha hecho el gobierno de asegurar que nadie saldrá perjudicado no pueden traducirse en “ofertones” populistas o llevarse a cabo a costos desmesurados.