Por Pamela Figueroa, Instituto de Estudios Avanzados Usach
Si hay algo que ha significado una innovación democrática durante el proceso constituyente de Chile, es la paridad. Un salto cualitativo no solo para los derechos de las mujeres, sino para la democratización de la sociedad. Si miramos hacia atrás, en cuanto a la representación política es recién en 2006 que Chile elige a su primera Presidenta, Michelle Bachelet, y es en 2015 cuando la reforma al sistema electoral incorpora por primera vez una ley de cuotas, que consagraba al menos un 40% de las candidaturas para las mujeres en las listas electorales para el Congreso. Hasta 2017, en el Congreso había un 16% de representación de mujeres, una cifra que luego de la implementación de la ley de cuotas crece, pero para llegar a un magro 23%. Y aunque parezca absurdo, muchas veces hay que explicar que esto implica una subrepresentación en la esfera política, dado que de acuerdo con el Censo de 2017 las mujeres constituyen el 51,1% de la población.
Lograr la paridad fue resultado de la movilización social, la estrategia política y el liderazgo de las propias mujeres. Movimientos de mujeres y feministas, parlamentarias de todos los partidos políticos, académicas, mujeres de distintas generaciones, sabían que la coyuntura del cambio constitucional podía ser una gran oportunidad para avanzar en la conquista de derechos y autonomía. Marzo de 2020 se celebró con la ley 21.216 aprobada, la cual consagraba un mecanismo electoral de integración paritaria del órgano constituyente.
En octubre de 2020, Paula Escobar señalaba que las mujeres serían protagonistas del 25/O (plebiscito de entrada al proceso constituyente). La elección de la Convención en mayo de 2021 comprobó que las mujeres no solo son más demográficamente, sino que participan electoralmente más que los hombres, y que si hay más candidaturas de mujeres estas son elegibles. Un claro ejemplo es que la aplicación de la ley de paridad incorporó a más hombres que mujeres a la Convención Constitucional.
En 2021, junto a Lucía Miranda y Carolina Meza, del Observatorio Nueva Constitución, analizamos los perfiles de las/os Convencionales Constituyentes y los programas presentados ante el Servicio Electoral, y nos preguntábamos si la paridad de género alcanzada implicaría tener una Convención Constitucional feminista. En ese momento observamos que la mayoría de las mujeres electas eran independientes, la mitad rostros nuevos, tenían una media de edad de 43 años, y gran parte eran abogadas y profesoras. De ellas, un 64,9% corresponde a un perfil feminista. Aunque auspicioso, traducir esta mayoría en normas concretas requeriría de acuerdos transversales.
Ad portas del plebiscito constitucional y ya con una propuesta de Constitución emanada de una Convención paritaria, se evidencia que una mayor representación de mujeres puede implicar un cambio sustantivo en la agenda pública. El texto propuesto tiene una perspectiva de género, y en al menos 35 artículos aborda los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación.
Es así como llegamos a un momento de inflexión de la historia constitucional de Chile, con la voz de las mujeres plasmada en la propuesta constitucional.
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