Las negociaciones frente al nuevo proceso constituyente

Aun cuando es evidente la ansiedad que trasluce el gobierno para cerrar lo antes posible las negociaciones que den forma al marco que regulará el nuevo proceso constitucional -la ministra del Interior  incluso tenía la esperanza de que el acuerdo ya estuviera concluido para estas Fiestas Patrias-, tal pretensión carece de todo asidero político, pues una administración que ha sido rotundamente derrotada en el reciente plebiscito constitucional, y que tampoco cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso, no está en condiciones ni de establecer los ritmos del proceso, como tampoco imponer los términos del acuerdo.

Las primeras señales que dio el Presidente Gabriel Boric tras conocerse el apabullante resultado del referéndum, en cuanto a que el proceso constituyente quedaría radicado en el Congreso, dieron la impresión de que el gobierno había comprendido tempranamente que su rol era dejar esto en manos de los partidos y concentrarse en los temas de gestión -donde se exhiben múltiples y preocupantes déficits-, abandonando así cualquier afán de protagonismo. Por ello sorprendió que la ministra del Interior pretendiera colocar plazos al acuerdo, insinuando que lo ideal es que la nueva Constitución estuviera aprobada antes del próximo 11 de septiembre, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado. Si bien el propio Servel se encargó en todo caso de aterrizar estas expectativas, recomendando que el plebiscito de salida debería tener lugar en diciembre de 2023, las declaraciones de la ministra ya estaban sugiriendo que el gobierno pretendía recobrar el protagonismo, contrariando así las orientaciones entregadas por el propio Mandatario.

Estos temores se vieron reforzados cuando la ministra Secretaria General de Gobierno se precipitó imprudentemente en proclamar que ya se había alcanzado un acuerdo base -consistente en un órgano electo, paritario, con pueblos originarios e independientes-, lo que fue rechazado de plano por la oposición, al punto de suspender su participación en la mesa negociadora y exigir ahora como condición para retomarla que el gobierno quede fuera de ella. Si bien cabe esperar que los términos tan categóricos en que se ha formulado dicha exigencia se flexibilicen -después de todo el Ejecutivo es contraparte del proceso legislativo y también cabeza de una coalición política, por lo que no parece razonable excluirlo de plano- es acertado que se busque dejar por establecido que al gobierno ya no le corresponde la tarea de liderar las negociaciones o pretender poner plazos, y menos aún presionar a través de resortes como el indigenismo o la presencia de independientes.

Es un hecho que a partir de la reconfiguración del escenario político que produjo el plebiscito, la centroderecha hará valer ante el oficialismo su peso como fuerza victoriosa, lo que no debería sorprender porque es natural que cualquier oposición busque hacer pagar el costo político de una derrota. Con todo, los partidos de Chile Vamos no deben perder de vista que al margen de haberse ganado en las urnas el derecho a negociar en sus propios términos, durante la campaña tomaron el compromiso formal con la ciudadanía de que en caso de que triunfara el Rechazo igualmente se avanzaría hacia una nueva Constitución, por lo que se debe ser cuidadoso en no dar la impresión de que con dichas exigencias se podría estar buscando ganar tiempo para diluir dicho compromiso, como por lo visto pretenden algunos núcleos de este sector.

Debe dejarse entonces que las negociaciones políticas fluyan por sus cauces, sin acelerarlas artificialmente, y dándose el margen suficiente para que los partidos puedan decantar los profundos alcances de la mayor sorpresa electoral en décadas. Este proceso reflexivo -que aprenda de los errores cometidos en el proceso previo, cargado de maximalismos y desconectado del sentir mayoritario- es indispensable para asegurar que esta vez sí se logre una Constitución técnicamente sólida y representativa de la mayoría, sobre todo cuando el escenario posplebiscito permite actuar con la calma que no fue posible en los tensos días de noviembre del 2019.

En ese orden de cosas, y pese a que se podría dar una impresión distinta producto de ciertas declaraciones altisonantes, las negociaciones parecen ir rindiendo sus primeros frutos, pues ya se baraja introducir algún tipo de instancia de expertos que apoye el proceso, como también la preconfiguración de un reglamento para la futura instancia constituyente, lo que supondría un considerable ahorro de tiempo.

Distintas fuerzas políticas han manifestado asimismo su voluntad de avanzar en la dirección de buscar algún tipo de acuerdo marco que permita darle dirección al debate constitucional, fijando desde ya ciertos límites fundamentales sobre los que parece existir amplio consenso, como por ejemplo conservar la existencia de tres poderes del Estado, mantener una sola nación, establecer el estado social de derechos y consagrar sin ambigüedades los derechos de propiedad. Experiencias como los Pactos de la Moncloa en España, o el Pacto de Olivos, en Argentina, que permitieron salidas exitosas a sus respectivos procesos constituyentes gracias a amplios acuerdos previos de las fuerzas políticas, pueden resultar señeros en este sentido.