Por Daniela Rivera, Guillermo Donoso y María Molinos, Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC
De acuerdo a la última actualización del Observatorio legislativo del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, el inventario de iniciativas en este campo es abultado: 52 proyectos, ingresados desde el año 2006 a 2021, en materias relativas a los recursos hídricos; esto, sin considerar otra importante cantidad que aborda aspectos referentes a la vinculación agua y servicios sanitarios y los de reforma constitucional, con lo que el listado supera los 100.
En cuanto a los primeros, las temáticas son variadas: glaciares, reforma al Código de Aguas, desalinización, humedales, aguas subterráneas, eficiencia hídrica, cambio climático, fomento a obras de riego, ordenanzas municipales y aguas, entre otros. Su estado de tramitación es dispar, con diversos grados de avance, pero sí hay un elemento bastante uniforme en todos los proyectos: su urgencia actual de tramitación.
Atendida la severa situación hídrica del país, el sentido común indica que las políticas públicas debieran estarse gestando e implementando con celeridad, de manera de dar respuestas rápidas, eficientes y efectivas a una serie de brechas y desafíos en que estamos atrasados hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa a nivel de tramitación parlamentaria? La gran mayoría de los mencionados 52 proyectos no tiene urgencia asociada, entre ellos, el de modificación al Código de Aguas. Solo tres proyectos (ley marco de cambio climático (Boletín 13191-12), fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje (Boletín 14068-01), y el que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos (Boletín 14446-09)), están con “suma urgencia”. Es decir, el Presidente de la República ha hecho presente en estos casos la urgencia para despachar estas iniciativas, lo cual implica que, en teoría, hay un plazo de 10 días para su tramitación.
Además de los escasos proyectos en que se ha materializado este requerimiento presidencial, en los supuestos en que ello ocurre el llamado a la celeridad tampoco se cumple en la práctica. Así, los boletines 13191-12 y 14068-01 tienen este grado de suma urgencia desde noviembre 2021, y el 14446-09 desde julio de 2021.
Una clara evidencia de que el sentido común no siempre impera, y de que, lamentablemente, los recursos hídricos no son tratados como una real prioridad por parte de todos los actores.
