Por Rodrigo Montero, decano Facultad de Administración y Negocios, U. Autónoma
Aunque en lo más reciente se ha puesto de moda subsidiar la calidad de las ideas que se exponen acumulando un mayor número de autores que las propone, voy a correr el riesgo y expondré, a título personal, mis ideas confiando solo en el peso y calidad de las mismas.
Primeramente, celebro con mucho entusiasmo el que exista una, sin duda, genuina preocupación respecto del financiamiento del reciente proyecto de ley de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Debo reconocer que esta preocupación por la importancia del financiamiento y sustentabilidad de las políticas públicas había sido un poco dejada de lado en las últimas semanas, lo que me tenía un poco inquieto. Sin embargo, ahora soy optimista, y confío en que esa genuina preocupación actual por la sustentabilidad financiera de las políticas, y avalada por reputados economistas, perdure con fuerza en los próximos años.
Con todo, sorprende en verdad que se cuestione el financiamiento de este proyecto de ley. Para quienes hemos pasado por la Dirección de Presupuesto (Dipres), es bien sabido que todo proyecto de ley que emana desde el Ejecutivo para su discusión en el Congreso lleva consigo un Informe Financiero (IF). En este se detalla no solo el costo del proyecto, sino que también su financiamiento. Acá no hay una excepción a la regla y, por ello, invito al lector a consultar el IF disponible para este proyecto en dipres.gob.cl.
Ahora bien, dicho lo anterior, cabe consignar que no debemos pensar solamente que es importante que las políticas estén financiadas; por supuesto que aquello es importante, qué duda cabe, sin embargo, constituye solo una condición necesaria para apoyar o no una determinada política pública. Adicional a que una idea o una política pública esté financiada, se requiere también que se trate de una buena política.
Sabemos que en lo que compete al financiamiento de la política podría haber más incertidumbre, puesto que éste se sustenta sobre la base de proyecciones futuras de ingresos fiscales, proyecciones que finalmente dependerán del crecimiento económico y de cómo le vaya a la economía en los próximos años, variables que sin duda no son de nuestro control. Sin embargo, respecto de la otra condición, es decir, de la calidad de las políticas, tenemos una ventaja. Ahí no tenemos incertidumbre para determinar si una política es buena o mala, ya que contamos con abundante evidencia empírica, tanto a nivel nacional como internacional, respecto de cuál ha sido el desempeño de distintas políticas públicas que se han propuesto en el pasado. Si prestamos atención a dicha evidencia empírica, muchas veces publicada en prestigiosas revistas científicas internacionales, podremos estar seguros de que las ideas que nos propongamos van a estar, por una parte, financiadas, pero además que van a ser buenas políticas públicas. Si somos capaces de conjugar ambos elementos, estaremos avanzando sobre seguro en incrementar la calidad de vida de la sociedad, algo que sin duda debiera convocarnos a cada uno de nosotros.
