Las raíces urbanas de la crisis social

Los problemas sociales y fenómenos como la desigualdad no flotan en el aire, sino que tienen una clara localización a través de la distribución de la población en el espacio urbano. Además, la desigual distribución de activos y pasivos en la ciudad amplifican esos fenómenos sociales y, probablemente, ha sido uno de los factores relevantes del estallido social que hemos visto durante los últimos días en las principales ciudades de nuestro país.

¿Qué significa esto en la práctica? En general, las personas de escasos ingresos viven rodeadas de personas de su mismo estrato social, en viviendas precarias o de baja calidad, con un entorno urbano deteriorado, sin áreas verdes, malos colegios y centros de salud deficientes. Sus servicios municipales son precarios, acceden a un transporte público de baja calidad y, en general, son quienes más se demoran en llegar a sus trabajos. No tienen mucho comercio o servicios privados como, por ejemplo, cajeros automáticos. Cerca de sus viviendas hay cárceles, grandes infraestructuras, industrias, y rellenos sanitarios. En la otra cara de la moneda, la vida urbana de aquellas personas de altos ingresos es todo lo contrario, y los sectores medios en una situación intermedia, dependiendo de sus características.

En la práctica, entonces, las políticas urbanas tienen tanto impacto en la calidad de vida de las personas, como las políticas sociales. El "Mercado" por sí solo no funciona en la ciudad, porque tiende a reproducir y reforzar las desigualdades, por tanto, el rol del Estado es esencial. El problema es que nuestro Estado no está preparado para intervenir en las ciudades bajo una mirada integral, dada su marcada visión y gestión sectorial, y territorialmente sus escalas (Estado Nacional, Regional y Local) no coinciden con la escala de la ciudad. El efecto acumulativo de la inversión pública es fundamental en aquellos lugares que no son atractivos para el mercado y que acumulan todas las externalidades negativas del progreso económico.

Por esto, la discusión sobre las medidas (de corto y largo plazo) para enfrentar la desigualdad no solamente deben concentrarse exclusivamente en iniciativas sociales, como el costo de los remedios, mejoramiento de las pensiones, reforma a la salud, y/o bajar el costo del transporte, entre otras iniciativas, sino también enfrentar aspectos de nuestra institucionalidad y gobernabilidad para influir de mejor manera sobre cómo construimos nuestras ciudades. La oportunidad más directa que tenemos para esto es avanzar rápidamente en aumentar las competencias para los gobernadores regionales, autoridades que escogeremos democráticamente el próximo año. Estas autoridades pueden jugar un rol muy importante de intermediación entre las políticas sociales y la ciudad, a través de mayores atribuciones en planificación urbana (gestión, inversión y regulación), ya que este es un potente vehículo para disminuir la inequidad urbana y mejorar ostensiblemente la calidad de vida de toda la sociedad.