Por Diego Gil, Escuela de Gobierno, Pontificia Universidad Católica de Chile y Gabriel Negretto, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
En medio de un debate cada vez más polarizado y confuso entre los partidarios de la aprobación y el rechazo de la propuesta constitucional, se mezclan argumentos técnicos, emociones e intereses que oscurecen algo elemental: el sentido que tiene el plebiscito del 4 de septiembre. Lo que está en juego en esta votación popular es decidir sobre la adecuación de la propuesta a las razones que hicieron necesaria una nueva constitución en Chile. Desde esta perspectiva, creemos que un voto a favor del proyecto de la Convención es la mejor alternativa. Esto por cinco factores: la pertinencia histórica de la propuesta, la ausencia de contenidos que vayan en contra de una profundización democrática, el mayor costo de rechazar comparado con el costo de aceptar las imperfecciones del texto propuesto, la posibilidad de perfeccionar la nueva constitución luego de su aprobación, y la mayor viabilidad política de este proceso de cambio si triunfa el apruebo.
El plebiscito de salida busca dotar a la nueva constitución de legitimidad democrática en un contexto de profunda crisis del sistema político. Pero no resulta evidente la justificación de esta votación. La legitimidad democrática del proceso ya estaba asegurada con la votación popular inicial que autorizó la creación de una nueva constitución, la elección directa de una Convención representativa, las distintas instancias de involucramiento de la ciudadanía durante la redacción del nuevo texto, y la exigencia de que el texto fuera aprobado por el voto de dos terceras partes de los delegados de la Convención. Es por esta razón que no hay en la experiencia comparada precedentes de plebiscitos de salida en presencia de todas estas condiciones. Tampoco puede pensarse, como sugiere parte del debate actual, que la lógica de un referendo de ratificación es que el votante vote “informado” sobre cada uno de los artículos (¡388!) de la propuesta constitucional. Esto no es así tanto porque el proyecto se vota como un todo como porque el ciudadano no tiene necesariamente el tiempo, los recursos o el interés en decidir sobre todos los detalles de la propuesta constitucional.
El sentido central de votar el proyecto de constitución antes de que éste entre en vigencia es determinar si a juicio de una mayoría su contenido responde o no a las razones históricas que hicieron necesario crear una nueva constitución en el país. En el caso de Chile, estas razones se vinculan a la incompatibilidad entre las demandas de profundización de la democracia y el orden constitucional vigente. Aunque el país logró una estabilidad política y un desarrollo económico y social notable en términos comparados durante la vigencia de la Constitución de 1980, ésta fue diseñada con una visión limitada de los derechos de la ciudadanía. Ampliar estos derechos fue justamente el reclamo que se hizo más evidente durante el estallido social de 2019. La propuesta constitucional merece ser aprobada porque recoge sobradamente este reclamo, al fortalecer las mayorías legislativas, descentralizar territorialmente el poder, expandir los derechos sociales, fomentar el pluralismo y la inclusión social y permitir la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.
Adicionalmente, consideramos que no hay nada en el contenido de la propuesta que atente contra los principios de una democracia liberal ni que obstaculice el progreso democrático. Por el contrario, a la par que se expanden todo tipo de derechos, el sistema político refleja una distribución más balanceada de poderes entre el Congreso Nacional y la Presidencia de la República que la Constitución vigente. También se garantiza la independencia de los jueces así como la autonomía de órganos constitucionales que ya son parte de la tradición republicana del país, como el Banco Central y la Contraloría General de la República. Todo esto se encuentra en línea con una extensa literatura académica y con las sugerencias de expertos/as de distintos sectores políticos.
También resulta razonable aprobar la propuesta constitucional desde una perspectiva de costos y beneficios. No cabe duda de que el proyecto de constitución no suscita el acuerdo de la totalidad de la sociedad, es imperfecto y contiene ambigüedades. Pero la unanimidad en la aprobación de constituciones es una ficción y todas las nuevas constituciones, particularmente cuando son innovadoras, suscitan críticas y problemas de interpretación. La pregunta es, entonces, cómo se compara el costo de tener una constitución imperfecta, pero perfectible, al de mantener la constitución actual. Una rápida evaluación debería llevar a la conclusión de que el costo de aprobar la propuesta constitucional es menor al de rechazarla. Dado que incluso quienes inicialmente defendieron su mantenimiento hoy afirman que la constitución de 1980 ha perdido legitimidad social, esto significa que rechazar la propuesta es apostar por un proceso de reemplazo que nadie sabe cómo será, ni cuánto durará, ni por qué producirá un texto mejor y más aceptable que la propuesta actual. Esto no puede sino profundizar la alta incertidumbre que existe hoy en el país.
Si en una visión comparada de plebiscitos en el mundo resulta curioso que quienes están en contra de una propuesta de cambio no defiendan mantener el statu quo, también lo es -o incluso más- que quienes están a favor del cambio acepten que la propuesta requiere reformas. Pero esta originalidad es saludable porque efectivamente hay varios aspectos de la propuesta que deben ser precisados o mejorados, tales como el alcance del consentimiento de los pueblos originarios, los límites de la justicia indígena, la posibilidad de declarar estado de emergencia en casos de graves alteraciones al orden público, la regulación de autorizaciones al uso del agua, y la composición y atribuciones del Consejo de Justicia, entre otras. Recientemente, varias de estas reformas han sido comprometidas por partidos políticos que han anunciado su posición a favor del apruebo.
Finalmente, si una amplia mayoría rechaza la constitución vigente y quiere un texto mejor que la propuesta actual, lo lógico es aprobar esta última. Las constituciones van resolviendo deficiencias y problemas de implementación con el tiempo, por medio de prácticas, decisiones judiciales, legislación y enmiendas formales. Mientras que los cambios por vía de prácticas y decisiones judiciales se dan de manera espontánea, las reformas por medio de legislación y enmiendas formales requieren de un balance de fuerzas en el cual quienes están insatisfechos con el nuevo orden tengan la capacidad de cambiarlo. Y esta es precisamente la situación que se refleja en el Congreso actual. Quienes más críticas tienen contra la propuesta, como son las fuerzas de centro derecha y derecha y algunos sectores de centro izquierda, son las que mayor peso numérico tienen para promover el cambio y asegurar los votos para iniciar un proceso de reformas. La propuesta establece que con cuatro séptimos se pueden modificar directamente varios aspectos de la nueva constitución así como convocar a un referéndum para modificar el resto de las materias reguladas en el texto. Esas son herramientas que estarán disponibles para que las fuerzas políticas las usen desde el día siguiente al plebiscito, con el objetivo de dotar al texto de la gobernabilidad y la certidumbre necesarias para responder adecuadamente a los desafíos que enfrenta el país.
