Por Iván Poduje, arquitecto
La toma de Renca no es un hecho aislado y es muy probable que se repita en los meses que vienen. Desde 2017 en Santiago se tomaron 196 hectáreas de terrenos y el número de familias en campamentos se triplicó. Las tomas más grandes se produjeron en el sector Lo Errázuriz de Cerrillos, Casas Viejas de Puente Alto y los límites de Maipú y Cerro Navia. A nivel de comunas, Lampa lleva la delantera: 83 hectáreas tomadas y 27 mil personas viviendo en la tierra, sin agua potable ni alcantarillado.
Tres factores que explican esta explosión de asentamientos informales. La crisis social y sanitaria hizo que muchas familias perdieran sus empleos y no pudieran pagar arriendos o vivir de allegados por temor al contagio. Un segundo factor es la presión migratoria. Chile abrió los brazos para recibir a los hermanos latinoamericanos, pero cerró sus bolsillos y los dejó botados sin programas habitacionales. Miles terminaron arrendando piezas o galpones, hasta que la precariedad se hizo insostenible y se sumaron a las tomas.
El tercer factor es el más peligroso. Como la demanda es tan grande, se han formado mafias que se toman terrenos, ponen mediaguas o carpas, y venden “lotes brujos” a hogares vulnerables. Este negocio ilegal es tan rentable como el narco, y puede alcanzar una magnitud gigantesca como ocurrió en México o Brasil.
¿Qué ha hecho el Estado para evitar esta nueva crisis habitacional? Luego de años de negociación, logró que el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) soltara una parte de los terrenos que tiene en La Pintana. Aceleró sus proyectos de integración social en el ex aeródromo de Cerrillos y traspasó decenas de predios de Bienes Nacionales al Serviu en regiones. Son esfuerzos destacables, pero insuficientes para la magnitud del problema. Este año, una fracción mínima de los hogares que postularon al subsidio DS49 obtuvo solución y el plazo promedio que deben esperar los comités de vivienda para tener su casa supera los siete años.
El Serviu aún tiene 400 hectáreas sin desarrollo y el ministerio de Bienes Nacionales suma 290 mil metros cuadrados en Lo Barnechea y La Reina, donde miles de familias viven allegadas. Además, aún existen servicios públicos que se niegan a entregar sus terrenos prescindibles y que pretenden seguir haciendo negocios inmobiliarios, como el Ejército de Chile o la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
En estos predios fiscales se podrían producir las próximas tomas, lo que sería fatal, ya que consolidaría un modelo poco sustentable de desarrollo urbano, donde la informalidad permite que muchos se salten la fila o que crezcan las mafias de loteos brujos. Pero la desesperación de las familias crece y el Estado no está respondiendo con el sentido de urgencia que debiera, y esa mezcla es fatal en los tiempos que corren.
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