Por Jeannette von Wolfersdorff, economista
Durante las últimas dos décadas ha habido un crecimiento importante de entidades religiosas en nuestro país, llegando ya a más de 4 mil instituciones inscritas. En la práctica, su creación es sencilla y sin mucho requerimiento. Una vez constituidas, pueden recibir donaciones y realizar actividades comerciales y no-comerciales. Están exentas del impuesto a la renta para estas últimas, aun cuando no tienen obligaciones de rendición de cuentas, de transparencia o de controles internos y externos. Así -en el hecho- gozan de amplia “libertad administrativa”, adicional a su libertad de culto. Lo sensible es que algunas de esas entidades manejan sumas importantes en efectivo. En su conjunto, todas estas características llevan a un riesgo enorme que estos vehículos jurídicos sean abusados para lavar dinero, financiar ilegalmente el terrorismo y la política, o para enriquecerse personalmente mal usando beneficios tributarios. Ya se ha visto en la historia de la Iglesia Católica. Aun cuando esta haya reforzado continuamente sus controles, los indicios de corrupción y lavado de dinero -incluso con dineros de la mafia- todavía no parecen terminar. A fines de 2020, después de nuevos escándalos asociados a inversiones inmobiliarias, el Vaticano se sometió ahora a una nueva evaluación de Moneyval, el organismo europeo a cargo de la lucha contra el lavado de dinero.
También en Chile, la actual falta de regulación de entidades religiosas puede facilitar que actividades ilegales se mantienen tan invisibles como la fe que inspiró la creación de estas instituciones. Ello es delicado, en especial en los tiempos actuales, caracterizados por un mayor riesgo de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, como mostró también el Observatorio del Ministerio Público. Lo positivo: hay herramientas para enfrentar esta situación. Dado que una parte inseparable del mundo narco es el lavado de dinero, una de las formas más efectivas para combatir el crimen es desde sus finanzas, a través de registros de las personas naturales que finalmente tienen el poder sobre los flujos financieros de entidades jurídicas, independiente cuán compleja pueda ser la estructura piramidal de empresas que finalmente controlan por mayorías o derechos de voto.
Es importante establecer un registro centralizado de beneficiarios finales de personas jurídicas en Chile, y que este abarque todos los vehículos jurídicos del país, con o sin lucro -sean empresas, trusts, partidos políticos, o fundaciones y entidades religiosas desde cierto tamaño. Los registros de beneficiarios finales son una herramienta estratégica para combatir no solo el narcotráfico, sino también la evasión de impuestos y la corrupción. Permitiría detectar la real concentración económica en Chile, y en términos generales hará que instituciones como la UAF, SII, CMF, CGR y FNE puedan cumplir mejor sus mandados. Aun así, fue el propio gobierno quien aplazó la puesta en marcha de un registro de beneficiarios finales en Chile. Entre 2018 y 2020 el UAF, SII y Chile Compra habían elaborado una propuesta junto con instituciones de la sociedad civil. Según el compromiso de gobierno abierto, el Ejecutivo iba a nombrar de forma posterior una comisión que hubiese elaborado la propuesta de cambios legales para materializar el registro. Fue en el marco de la negociación de la última ley de presupuestos que el ejecutivo solicitó borrar una indicación que hubiese obligado a presentar un respectivo proyecto de ley en 2021. En cambio, quedó una glosa que compromete un estudio de la OCDE para analizar una “posible implementación” de este estándar OCDE.
Pocos días atrás, Canadá se sumó a la lista de países que ya tienen registros implementados o comprometidos. Vía su ley de presupuestos, fijó fondos para crear un registro y hacerlo público en 2025. De esta forma, probablemente busca enfrentar las acusaciones de “snow washing” que se habían levantado después de la revelación de los Panama Papers –aludiendo a la facilidad de lavar dinero en Canadá y dejarlo tan blanco como la nieve de la tundra ártica. De una vez por todas, también en Chile es hora de crear este registro, y establecer fiscalizaciones especializados y sanciones en caso de no informar de forma verosímil - sea para empresas, trusts u organizaciones religiosas desde cierto tamaño. Lavar dinero con o sin espíritu santo, sigue siendo el mismo delito.
