SEÑOR DIRECTOR:
Este jueves 2 de mayo se inició en el Senado el trabajo de la comisión mixta, que tiene por tarea buscar un camino para implementar al fallo de la Corte suprema, viabilizando el sistema Isapres.
A pesar de que el objetivo de la ley corta presenta un contrasentido vital, se insiste en acomodar un fallo que crea las condiciones de una insolvencia inmediata. Es más, todo el tiempo que los políticos perdieron en este ejercicio sirvió para debilitar aún más la posición de las empresas, precarizar a sus afiliados y expulsar a varios a Fonasa.
A estas alturas sabemos que el fallo no será inocuo para las personas, el impacto de la destrucción de estas instituciones nos pegará fuerte en los resultados sanitarios y en la vida de todos los chilenos, eso es inevitable.
Incluso si es posible alcanzar un acuerdo se afectará directamente el bolsillo de los cotizantes y el desarrollo e innovación en el sector salud.
No es primera vez que el mundo político ignora las voces de quienes hemos advertido los impactos sistémicos; lo mismo sucedió en transporte, educación y en seguridad, ámbitos en los que estamos sufriendo las consecuencias de un desmantelamiento progresivo. Para salud se ha tomado un camino de reforma de facto, con efecto inmediato.
La realidad del Chile actual ya no está para consignas, cualquier política, por transversal que sea, que causa un daño mayor que el que pretende reparar, es una mala política pública.
Espero que esta reflexión acompañe a diputados y senadores, y revisen en mérito la evidencia sobre el negativo escenario que le depara a la salud chilena.
Victoria Beaumont Hewitt
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