Ley de delitos económicos
SEÑOR DIRECTOR:
Las aguas han vuelto a agitarse a propósito del proyecto de ley de delitos económicos, luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentara hace unos días un “téngase presente” ante el TC, planteando la posible existencia de vicios de inconstitucionalidad en dicha iniciativa, alcances que finalmente no fueron analizados por este organismo; puntos de vista que han sido compartidos por otras asociaciones gremiales, abriendo un amplio debate al respecto. Mejorar los estándares de integridad es un desafío ampliamente compartido, pero para concretarlo se requieren regulaciones que planteen exigencias equilibradas y factibles de cumplir.
La normativa propuesta amenaza claramente la actividad empresarial, pues presume la culpabilidad elevada de una persona solo por el hecho de tener una posición jerárquica mayor. Además, establece un catálogo de delitos con sanciones aparejadas que aparecen como desproporcionadas en relación con la falta que se castiga; delitos cuya tipificación abre enormes espacios a la discrecionalidad. Nadie niega que los ilícitos evidentes deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sin embargo, al determinar sanciones penales a faltas cuya definición es difusa se crea una enorme incertidumbre al accionar de los que deben tomar decisiones en las compañías chilenas.
A la luz de estas consideraciones, que constituyen solo una parte de los aspectos controversiales de la legislación, cabe preguntarse si esta ley es la única forma que existe para elevar los estándares éticos de las empresas y de quienes trabajan en ellas.
Para generar ambientes organizacionales donde prime la confianza y la transparencia, es clave llevar a cabo un trabajo interno a nivel de liderazgos que permita reforzar valores y buenas prácticas. En paralelo, es necesario proveer a las personas de una estructura y mecanismos que les permitan denunciar sin miedo a castigos y represalias. También se hace imprescindible revisar los sistemas de cumplimiento existentes y la forma en que se está capacitando a los equipos sobre estos temas que son tan relevantes.
El construir una cultura de integridad en las organizaciones no puede quedar relegado a elevar las sanciones, sobre todo si varios delitos eventuales quedarán sujetos a la discrecionalidad de los organismos persecutores.
Janet Awad
Presidenta de Fundación Generación Empresarial
