Por Christian Schmitz, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
Uno de los principales ejes de los defensores de una ley de eutanasia, es el principio de autonomía sobre la vida propia, y el derecho de un paciente a ejercerla.
Sin embargo, ese argumento no es suficiente para sustentar el objetivo que busca la ley. Para quienes defendemos la vida como un bien y don supremo, el primer derecho que esta ley debería defender es el de los cuidados paliativos, que en este proyecto queda en un nivel secundario. Defender el derecho a que todos tengamos acceso a cuidados paliativos y un acompañamiento humano al fin de nuestros días, debería ser la primera preocupación de un Estado guiado por una cultura de la vida y de protección de sus ciudadanos. Por el contrario, defender la eutanasia como derecho del paciente, es una renuncia del Estado a esa protección, en el delicado y complejo momento en que un paciente enfrente una situación de enfermedad, desesperanza y dolor, en una etapa terminal.
Asimismo, cuando el Estado renuncia a ese deber de protección, deja en el individuo desvalido una carga fuerte de responsabilidad: el paciente decide si libera al estado de sus cuidados, hasta el día de su muerte, o si deberá ser considerado “una carga” tanto para el sistema como para su entorno, y este factor es un elemento que debe ser considerado en el debate, porque afecta directamente a la “autonomía” del paciente.
¿Qué grado de autonomía tiene un paciente cuando vive una situación de enfermedad como la descrita? Si existe una presión como la que abre la eutanasia, la libertad del paciente se torna relativa: como señala Jorge Peña de la Universidad de los Andes en una carta publicada hace unos días, “cuando la ley permite que se mate o haga que lo maten, el anciano y enfermo necesitado de cuidados pasa a convertirse en responsable de todos los costes y privaciones que sus familiares han de soportar por él”. ¿Es para el paciente un contexto adecuado para tomar una decisión que se traduce finalmente en un “suicidio”?
Por otra parte, la eutanasia pone en contradicción la autonomía del paciente, y la autonomía del médico: el paciente convoca una muerte asistida, la que debe ser ejercida por un médico. En ese sentido, no puede obligarse a un agente de salud, cuya función es precisamente proteger y otorgar los cuidados sanitarios para la comunidad, a que lleve a la muerte a sus pacientes, sobre todo hoy, cuando existen reconocidos avances en el área de cuidados paliativos, y que, insisto, es el primer derecho que se debería defender para todos. La libertad de conciencia individual e institucional debe ser resguardada en caso de que se apruebe una iniciativa como esta.
Por último, y no menos importante, esta discusión no solo queda en el ámbito práctico de la salud. Hay que considerar el fondo de este tipo temas, donde reflejamos nuestro concepto de sociedad: ¿Somos una sociedad humanitaria, solidaria, comunitaria? ¿Nos orientaremos a un mundo individualista, práctico, y donde las personas son un elemento prescindible? Quienes creemos en Dios y su don de vida, proponemos no olvidar este sentido.
