Ley de interrupción voluntaria del embarazo

SEÑOR DIRECTOR:

La Ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, promulgada hace siete años, representó un avance crucial en derechos sexuales y reproductivos en Chile. Sin embargo, su implementación aún enfrenta importantes barreras que limitan el acceso efectivo de las mujeres a este derecho.

Como sector salud, nos corresponde cuestionar cuál ha sido nuestro rol para enfrentar estas dificultades. La objeción de conciencia institucional y una red frágil, que no ha sido capaz de dar respuesta a las actuales desigualdades en el acceso al procedimiento, nos enseñan que no basta una ley para realizar políticas efectivas para las personas.

Es fundamental que, al rescatar estas experiencias, no nos restemos de la actual discusión pública sobre un nuevo proyecto de ley que aborda la IVE sin causales. Es nuestra responsabilidad incorporar aspectos bioéticos y de salud pública que orienten a tomar definiciones informadas y con enfoque de derechos; y aprender de países como Colombia, Uruguay y Argentina, donde la discusión se ha centrado en la responsabilidad del Estado de asegurar condiciones dignas y seguras para las mujeres.

Como país, en cada una de las instancias institucionales comprometidas, y como profesionales de la salud, tenemos la obligación de estar a la altura del debate, garantizando que el acceso a este derecho no dependa de la geografía, el nivel socioeconómico o las legítimas creencias personales. Es tiempo de consolidar políticas públicas efectivas que permitan a las mujeres ejercer su derecho sin obstáculos, y ponerlas en el centro del debate.

Gisela Viveros

Presidenta (s) Colegio Médico de Santiago