Ley de la selva

Por Álvaro Pezoa, ingeniero Comercial y doctor en Filosofía

Resulta penoso constatar que Chile, en particular La Araucanía, está caminando aceleradamente hacia la ley de la selva. Falta poco, o nada, para que las víctimas potenciales de la delincuencia y el terrorismo no tengan otra alternativa que defender sus vidas, integridad moral y bienes haciendo directamente uso del poder de las armas. Ya hace años que era claro que el Estado estaba siendo incapaz de controlar y reducir la creciente ola de bandidaje. El aumento del narcotráfico, la falta de apoyo a las instituciones destinadas a resguardar el orden público, junto a la condescendencia y validación por algunos sectores de la violencia como instrumento legítimo de acción política, han terminado por minar dramáticamente la capacidad del aparato público para mantener el orden y la paz social. Por desgracia, al desarrollo gradual de este fenómeno han contribuido durante un largo tiempo los tres poderes del Estado, que han actuado con grave dejación de sus deberes. Las razones que explican esta lamentablemente renuncia se presentan variopintas: visiones ideológicas, ambiciones de poder, enfoques garantistas de la justicia, interpretaciones mañosas de los derechos humanos, apego a supuestas correcciones políticas, descrédito (con y sin motivos) de las policías, cuidado de intereses personales, desidia, debilidad, cobardía. Todo ello, adobado por medios de comunicación desvariados al extremo. La nación pagará un altísimo precio por tanto entreguismo. La situación cada vez más prototípica en este ámbito resulta bien representada por la figura del “ladrón detrás del juez”, o sea, la del mundo al revés. El gobierno, el Congreso y la judicatura actuales muestran una incapacidad e ineficacia monumentales, hasta el punto de parecer no querer hacerse cargo del problema. ¿Tienen siquiera la sincera voluntad de enfrentarlo? A estas alturas, cabe duda más que razonable.

Es verdad que se trata de un auténtico brete. También que las soluciones son complejas. Asimismo, que se requiere del apoyo de una amplia gama representativa de la sociedad (y de la política, muy especialmente). Se ha escrito y hablado hasta la saciedad al respecto. Entretanto, el pueblo de a pie comienza a estar harto de explicaciones. La violencia delincuencial y terrorista no se va (no se irá) sola, hay que combatirla. Mientras ella se enseñorea en la patria, importantes autoridades persisten en seguir acudiendo a propuestas de diálogos y acuerdos (¿con quienes?) o diatribas de ocasión que se lleva el viento. Mezcla de ensoñaciones, buenas intenciones y falsedades para salir del paso sin hacer aquello que las circunstancias realmente demandan. El mantenimiento del orden y la paz, conferir seguridad a los habitantes, es el minimum minimorum obligatorio para un estado de derecho democrático. Y usar con pertinencia, inteligencia y decisión la fuerza pública para tales efectos, un deber ineludible para quienes detentan las más altas magistraturas del país. Cuanto más tiempo se deja pasar, más se agudiza el mal.