Por Juan Ignacio Latorre (RD), presidente Comisión Derechos Humanos del Senado
Una nueva ley de migración y extranjería es una deuda de larga data en nuestro país. El gobierno ha optado por darle discusión inmediata, apurando una legislación en medio de un contexto nacional y mundial -una pandemia- que difícilmente permite la discusión con participación de la ciudadanía. Han instalado un discurso alarmista sobre una eventual “ola migratoria” que carece de evidencia. La Cepal proyecta un crecimiento migratorio de -7,9%, menos que países como Uruguay y Colombia (principal destino de personas venezolanas).
Chile requiere de un nuevo pacto migratorio que no niegue el problema central: la regularización, una responsabilidad que este gobierno ha evadido constantemente. Primero, al no suscribir el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que había sido acordado por todos los estados miembros de la Asamblea General de la ONU, salvo EE.UU. Este Pacto no es vinculante y respeta la soberanía de los estados para gestionar sus fronteras y políticas migratorias y es el primer intento de gestionar los flujos de migración a escala global de forma integral. Era importante suscribirlo, pues dentro del pacto se busca adoptar medidas contra la trata y tráfico de personas, usar la detención de migrantes como última opción o reconocer el derecho de migrantes irregulares a salud y educación en sus países de destino.
Segundo, el gobierno insiste en obviar el problema de fondo, generando lo que precisamente dice combatir: la irregularidad. A través de la entrega de visas únicamente en el país de origen, solo aumentarán flujos migratorios irregulares que son los que propician la trata de personas. Deberíamos estar haciendo precisamente lo contrario. Una ley basada en evidencia debería apostar por facilitar la regularización migratoria, aún cuando se haya ingresado de manera irregular. Más obstáculos no detienen la migración, pues esta es forzosa (por razones humanitarias, ambientales o crisis políticas).
Veamos evidencia: el Boletín N°4 del Observatorio de Políticas Migratorias del CISJU-UCSH y la Universidad de Chile analiza las tres visas consulares de turismo -no relacionadas a criterios de reciprocidad- creadas en últimos diez años para República Dominicana (2012), Haití (2018) y Venezuela (2019). Todas durante los gobiernos de Sebastián Piñera. En los tres casos, aumentan las denuncias de ingresos clandestinos. República Dominicana pasó de 32 en 2012 a 1.017 en 2015. Haití de 19 en 2018 a 644 en 2019. Venezuela pasó de 101 en 2018 a 3.333 en 2019. Las políticas migratorias de Piñera no solo no han sido efectivas, sino que han reproducido más migración irregular, desorden e inseguridad.
Con esta ley, vamos a convertirnos en el país más “estricto” de la región. Buscaré restituir el mecanismo de regularización que se aprobó en la Comisión de DD.HH, que permite que quienes ingresen al país con un permiso de permanencia transitoria puedan postular a un permiso de residencia. El gobierno insiste en legislar en contra de la evidencia, precarizando selectivamente en nuestras fronteras y generando lo que el boletín citado más arriba bien describe como “sujetos expulsables”. La ley impulsada por este gobierno carece de buenas prácticas en políticas migratorias y en principios universales de DDHH. Se basa más bien en prejuicios, racismo y xenofobia.
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