SEÑOR DIRECTOR:
Chile enfrenta un desafío crítico en la gestión migratoria. En 2022, la ministra Carolina Tohá, aseguró que era necesario mejorar esta ley para acelerar las expulsiones. En respuesta, el Congreso, especialmente la oposición, aprobó dos modificaciones importantes: ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares de 48 horas a cinco días y permitir que las notificaciones se realicen por carta certificada en lugar de presencialmente. Sin embargo, los resultados son nulos.
Hoy, con 120 mil ingresos irregulares en este gobierno y menos de mil expulsiones administrativas realizadas, queda claro que el problema no es la legislación, sino la falta de voluntad y convicción para implementar las herramientas disponibles. Bajo el gobierno del Presidente Piñera, con la ley anterior, se logró más en términos de expulsiones que con las reformas aprobadas en este periodo.
La explicación parece evidente: quienes hoy tienen la responsabilidad de ejecutar estas expulsiones son los mismos que, en el pasado, colapsaban tribunales y marchaban para frenar las deportaciones, promoviendo una política de “puertas abiertas” bajo el ideal del derecho universal a migrar. Este romanticismo con la migración ilegal ha imposibilitado enfrentar el problema de fondo.
El proyecto actual, que permitiría a las policías ingresar a domicilios para detener a migrantes con órdenes de expulsión, aborda un aspecto relevante, pero omite el problema principal: los ingresos por pasos clandestinos. Este vacío impide actuar contra quienes representan el mayor desafío en materia de seguridad y crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, vinculado en muchos casos a extranjeros que ingresan ilegalmente.
Legislar sin abordar el núcleo del problema no es más que buscar titulares sin comprometerse con soluciones reales. La migración irregular debe ser enfrentada con más convicción, incluso considerando declarar como delito el ingreso clandestino.
Andrés Longton
Diputado Renovación Nacional
