Por Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo, y Roxana Casas, investigadora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad
La nueva ley de migraciones es una mala noticia para el país. Se trata no solo de la renuncia a aceptar la realidad dolorosa que nuestras naciones hermanas viven, sino también a entender a Chile como un país solidario, capaz de recibir con buenas políticas sociales a los hombres, mujeres, niños y niñas que ven en el país un lugar de oportunidades y desarrollo.
Al escuchar al jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Alvaro Bellolio Avaria, esta renuncia del Estado chileno se hace patente. En declaraciones a EMOL TV afirmó que “cuando (los migrantes) entran no más, lo pasan mal…”, refiriéndose a los abusos de las que son víctimas.
Su lógica es simple pero desafortunada: si abrimos las puertas entonces surgen arbitrariedades y malos tratos para los migrantes. Un estudio realizado por el Centro Justicia y Sociedad UC mostró que las condiciones de vida deficientes que sufren muchas personas migrantes no ocurren por la forma en que ingresan al país, sino por la manera en la que son recibidas. Sus experiencias están determinadas, entre otras razones, por la lentitud y burocracia de los procesos de regularización; la falta de políticas focalizadas en la población que migra y la discriminación hacia la población afrodescendiente (CJS-UC, 2020).
En ese sentido, los dichos del jefe del DEM demuestran la visión de país que se construye en base a esta normativa: un Estado que no desarrolla políticas sociales, con funcionarios públicos que no parecen tener un juicio crítico ante los abusos que se cometen hacia la población que ha migrado a Chile.
Se trata, en otras palabras, de un país que renuncia a entenderse como solidario en el contexto latinoamericano. Si existiera una visión humanitaria y concordante con la normativa internacional de derechos humanos, el jefe del DEM sabría que la migración surge como la última opción de personas y familias que por razones políticas, humanitarias o económicas no tienen más alternativa que salir de sus países. Nadie decide, sin tener muy buenas razones, alejarse de sus orígenes, redes, contactos, fuentes de ingreso, cariño y apoyo. De ahí que la creencia de que una normativa puede generar desincentivos a la entrada irregular, desconoce la complejidad de una decisión como la de migrar.
El resultado más probable, conforme a la nueva normativa, será aumentar la cantidad de personas que migran al país de manera irregular. De esta forma, la nueva Ley de Migraciones solo abre más espacios de mayor vulneración de derechos. Existe evidencia robusta para afirmar que las prohibiciones como forma de regulación sólo promueven más ilegalidad y criminalidad. Operan como un buen incentivo para aquellas bandas organizadas transnacionales que hacen de la movilidad humana un negocio.
Es de esperar que la promulgación de esta nueva Ley permita de una vez al gobierno hacer lo que ha renunciado a hacer durante los últimos años: desarrollar políticas sociales serias que impidan que los migrantes en Chile lo sigan pasando mal, como indolentemente se reconoce que ocurre en el país.
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