Ley de migraciones

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta preocupante que, en el marco de la discusión legislativa sobre la Ley de Migraciones, las autoridades del Ministerio del Interior insistan en mantener las actuales prácticas que priorizan injustamente a niños de padres que ingresaron ilegalmente a Chile por sobre hijos de madres adolescentes o de pueblos originarios en el acceso a jardines infantiles administrados por Junji (res. exenta 015 de noviembre 2022). Parecen olvidar que los recursos limitados del Estado obligan a priorizar a quienes más los necesitan, empezando por las familias chilenas más vulnerables.

A su vez, no se entiende que el gobierno continúe defendiendo políticas que benefician a quienes ingresan clandestinamente al país, al tiempo que traspasa a los empleadores la responsabilidad de regularizar a trabajadores ilegales. Estas medidas no solo desincentivan el respeto por las leyes migratorias, sino que también fomentan el ingreso descontrolado al país, generando más presión sobre los servicios públicos.

Una política migratoria responsable debe fortalecer los controles, reducir el abuso de los recursos sociales y garantizar que las oportunidades lleguen primero a quienes cumplen las normas. La educación y la protección social son derechos fundamentales, pero no deben ser un premio para quienes ingresan irregularmente. El gobierno está en todo su derecho de priorizar a extranjeros clandestinos por sobre los que piden visas o los nacionales, pero esto dificulta enormemente la cohesión entre nacionales y extranjeros. Es hora de que nuestras autoridades prioricen el bienestar y la seguridad de los ciudadanos y de los extranjeros que cumplen la ley, reforzando su compromiso con una migración responsable y justa.

Álvaro Bellolio

Director Escuela de Gobierno UNAB

Ex director nacional de Migraciones