Como abogado, he tenido la oportunidad de estudiar la profunda modificación a la Ley de Pesca N.º 20.576 del año 2013, actualmente radicada en una comisión mixta del Congreso y con “suma urgencia”. Pocos proyectos que reformulan una política pública han sido tan mal redactados y con un sesgo político -y no técnico como debía ser- al punto que sus más de 300 artículos enfrentan incontables indicaciones. Por ello, se abandonó la discusión general y hoy se analiza una Ley de Fraccionamiento que no busca la mejora de esta actividad, sino que es el fruto de una ideología destinada a privar a los pesqueros industriales de su derecho de propiedad sobre las denominadas Licencias Transables de Pesca (LTP) y, adicionalmente, establecer un nuevo fraccionamiento de las cuotas globales de captura que les pertenecen. El pretexto de la equidad y el beneficio de los pescadores artesanales ha eliminado los medios legítimos, concordados y eficientes para satisfacer incluso esas pretensiones.

El proyecto es inconstitucional, vulnera Tratados de Libre Comercio, perjudica a los titulares de las Licencias, a los trabajadores, a la economía y, además, no inyecta competencia en el mercado. Se actúa como si estuviéramos regidos por el rechazado diseño estatista propuesto por la Convención. Ya se ha hecho habitual que la Constitución sea ignorada, o porque no se la conoce (basta ver el caso Allende), o porque, conociéndola, no se aplica. Convivimos con un grupo de poder que ha hecho de sus ideas una apología del irrespeto a las normas. Este proyecto no es ajeno a otras trabas destinadas a poner freno a cualquier actividad económica donde haya un pretexto populista, ecologista o un rastro antropológico. Se trata de píldoras envenenadas para aparentar una intención que va, en la práctica, en sentido totalmente contrario.

El derecho de propiedad es un derecho humano. Su afectación pone en peligro no solo la actividad particular de la pesca industrial, sino en general la certeza jurídica, la intangibilidad de los derechos y la confianza legítima de que las reglas fundamentales se acatarán. Como es un derecho humano, hasta la propia soberanía de la ley reconoce como límite el respeto a la Constitución.

Las Licencias de Pesca no son concesiones graciosas del Estado, como si fuesen febles y confiscables. Ello es absurdo y temerario. Al contrario, de aprobarse el proyecto, pueden abrirse varios frentes judiciales: los juicios de indemnización de perjuicios por regulaciones expropiatorias; juicios ante el CIADI por incumplimiento de tratados Internacionales, también ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de derechos garantizados, y, probablemente, intervendrá, como hace 12 años, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para proponer un cambio normativo a fin de inyectar la competencia en este mercado. Es paradojal que los gobernantes desprotejan a los que proclaman como sus defendidos. En eso consiste su demagogia y así es como se afecta la democracia que la Constitución protege.

Por Álvaro Ortúzar, abogado